Bolivia vive entre la tensión y la expectación el referendo autonómico que mañana celebra el departamento de Santa Cruz, el más rico del país. Aunque el Gobierno de Evo Morales insiste en su inconstitucionalidad al haber sido rechazado por el Tribunal Nacional Electoral, se estima que en torno al 70% de los habitantes de Santa Cruz votarán a favor de un estatuto que plantea otorgar cuotas de autogobierno, lo que reventaría el proceso constituyente que lleva a cabo el Ejecutivo.
El temor a incidentes marca las horas previas a la consulta. El Gobierno pedía calma al tiempo que Evo Morales daba un paso más en su modelo económico al anunciar la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones más importante.
Aunque no es vinculante, el referendo servirá para definir el futuro de Bolivia. Si gana el sí, la oposición tendrá argumentos para negociar cambios en el proyecto de refundación del país ideado por Morales, que no incluye modificaciones en la esencia centralista de un país que depende en gran medida de Santa Cruz.
Con una extensión que ocupa un tercio del territorio, el departamento que encabeza la oposición a Evo Morales tiene una cuarta parte de la población boliviana, y lo más importante, aporta un 35% del PIB del país más pobre de Sudamérica, gracias sobre todo a los recursos petrolíferos y de gas que descansan en su subsuelo.
La paulatina toma de control de las empresas de hidrocarburos por parte del Estado, el reparto de tierras y la composición de una polémica Asamblea Constituyente ha provocado la animadversión de la mayoría de cruceños, dominados, según el Gobierno, por oligarcas. Pero es la defensa del Estado centralista frente a las demandas autonomistas lo que más ha movilizado a un departamento que actúa como ariete de la llamada Media Luna Camba, compuesta por Tarija, Beni y el Pando, además de la propia Santa Cruz, contra el poder colla (indígena andino). Las tres provincias celebrarán consultas autonómicas en junio.
Pero lo más preocupante para mañana es la posibilidad de que la tensión, que también tiene tintes raciales, derive en incidentes y enfrentamientos. Los convocantes del referendo aseguran que en la última semana han ido llegando militares venezolanos, mientras el Gobierno llama a la abstención. Ni la policía ni el Ejército vigilarán los puntos de votación; sí lo hará la autoproclamada Guardia Civil cruceña, que es el embrión de la policía autonómica que se demanda en el estatuto.
En Santa Cruz dicen que el texto no persigue una escisión del país, sino un mejor reparto territorial, al estilo español, con un sistema tributario que regule las aportaciones del departamento al Estado, ahora mismo injustas, según los autonomistas.