Modificará 24 leyes para reducir la tramitación burocrática y estimular la competencia transfronteriza
04 dic 2009 . Actualizado a las 02:56 h.El Gobierno gallego tomó ayer la delantera para adaptar su legislación a la directiva 2006/123 que regula la libre prestación de servicios de empresas y profesionales radicados en diferentes Estados miembros, como un principio básico más de la Unión Europea (UE), a la par que la libre circulación de personas, de capitales y de mercancías. La trasposición obligará a modificar 24 leyes autonómicas y permitirá que, por ejemplo, los autónomos de Portugal entren a competir en el mercado gallego de los servicios con las condiciones de su país de origen siempre y cuando cumplan los mínimos exigidos en el país de acogida.
La decisión de trasponer la directiva de servicios fue adoptada ayer por el Consello de la Xunta, al darle luz verde al proyecto de ley Ómnibus que regula este proceso. El conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, que ayer dirigió la reunión del Ejecutivo en ausencia de Núñez Feijoo, manifestó en rueda de prensa que «Galicia fai os deberes en tempo récord» con la adaptación al derecho comunitario, situándose así a la «vangarda» de las comunidades autónomas, pues modificará 24 normas, frente a las 18 que cambia Castilla y León o las 14 de Canarias.
Rueda hizo una lectura positiva de la nueva norma, al remarcar que nace sobre todo para «eliminar os trámites burocráticos» de las empresas, los profesionales y todas aquellas personas que quieran iniciar una «actividade emprendedora» en el ámbito de la prestación de servicios, sector que contribuye con dos tercios a la riqueza que se genera en Galicia.
De hecho, la ley Ómnibus permitirá que se supriman medio centenar de autorizaciones administrativas previas que hace la Xunta, que se sustituirán por comprobaciones a posteriori. Rueda remarcó que la normativa va a tener incidencia «en moitos sectores», pero se detuvo de forma especial en el turístico, que aporta el 10% del PIB gallego, pues enfatizó que la desburocratización actuará de estímulo para la creación de nuevas empresas en el 2010, aprovechando el tirón del Xacobeo.
Silencio de la Xunta, positivo
Otra de las concepciones que se modifica con esta tramitación normativa en la manera de entender el silencio administrativo de la Xunta. Hasta ahora, cuando la Administración gallega no responde en plazo a una petición, se interpreta que la rechaza. Con la directiva europea cambia esta concepción, pues si la Xunta no contesta en tiempo y forma un recurso, por poner un ejemplo, el ciudadano entenderá que la respuesta es en positivo, como si se tratara de una autorización y nunca como una denegación.
El proyecto de ley Ómnibus será remitido en breve al Parlamento, donde se prevé que sea aprobado a finales del primer trimestre del 2010. En paralelo, la Administración del Estado tiene que hacer su propia trasposición.
Cuando entre en vigor toda esta normativa, la UE habrá derribado otro de los muros que delimitaban su mercado interior, abriendo así la posibilidad de que electricistas, lavanderías o constructoras de Portugal operen en Galicia, y viceversa, con condiciones de su país de origen si también cumplen los estándares legales en el de acogida.