La apropiación indebida es otro de los supuestos delitos por los que se abrieron pesquisas
16 dic 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El caso de la residencia clandestina intervenida por Vicepresidencia en Montesalgueiro, en el concello coruñés de Aranga, está ya en manos de la Justicia. El Juzgado número 2 de Betanzos abrió diligencias previas, según fuentes judiciales, por, al menos, los supuestos delitos de detención ilegal y apropiación indebida, que podría darse en el método utilizado para la financiación de la estancia de los internos.
A instancias de una denuncia del departamento de Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar, la Fiscalía ya había iniciado diligencias informativas el pasado marzo para tratar de averiguar si se estaban produciendo esos mismos delitos y, en su caso, abrir luego un proceso por la vía penal. Pero esas acciones, explican fuentes del ministerio público, fueron archivadas el pasado 21 de agosto al detectar que ya había abierta otra investigación en el Juzgado de Betanzos; y es que no pueden llevarse a cabo dos pesquisas paralelas por el mismo motivo.
La denuncia de Vicepresidencia llegó a la Fiscalía en marzo, el mismo mes en el que fueron abiertas las primeras diligencias informativas al respecto. El personal del servicio de inspección del citado departamento de la Xunta, acompañado por una trabajadora social del Ayuntamiento de Aranga, acudió al local de Montesalgueiro, tal y como corroboran varias fuentes consultadas.
Allí halló a 48 personas discapacitadas, con enfermedades mentales o en riesgo de exclusión social, «ás que se lles estaba dando os apoios propios dos servizos sociais sen contar con autorización e por persoal que non conta coa titulación necesaria», según detallan desde la concejalía de servicios sociales del Concello de Cambre. Este fue informado de la inspección porque algunos de los internos que estaban en Aranga habían sido llevados allí procedentes de otro centro clausurado en el municipio después de que la concejala delegada, Carmen Tato, presentara una denuncia en el juzgado de guardia de A Coruña. El proceso pasaría luego al Juzgado de Instrucción número 6 de A Coruña.
Incapacidad
Por otra parte, paralelamente a las investigaciones del juzgado de Betanzos, la Fiscalía de Incapacidades también ha tomado cartas en el asunto. El ministerio público mantiene abiertas en estos momentos unas segundas diligencias informativas para esclarecer si los internos del centro -que opera, según el alcalde de Aranga, Manuel Brañas, con licencia de restaurante con camas en la zona de Montesalgueiro- están en condiciones de ser incapacitados.
En la relación de personas internas en este establecimiento remitida al fiscal como parte de la investigación figuraban varias que estaban como tuteladas. Por ello, explican fuentes del ministerio público, se instó al responsable del establecimiento ubicado en Aranga a que aportase una copia de la documentación de aquellas personas que pudieran estar en este estado. La custodia legal de una persona mayor de edad ha de ser otorgada por una sentencia acordada por un juez. Este, además, es el que se ha de encargar de nombrar al tutor correspondiente.