«Tanto Ministerio de Igualdad, tantos 2.500 euros de ZP, tanta galescola, tanta publicidade... ¿E para que? Para nada, para tirar cos cartos dos contruibuíntes, para que a Administración non respecte nin as súas propias normas». Habla así de enojada -«totalmente frustrada», dice ella- Graciela Lamas, una santiaguesa que reside sola con su hijo de un año y medio de edad. Adscrita al cuerpo de personal laboral, comenzó a trabajar para la Xunta en 1989. Y desde el 2000 lo hace en el Instituto Enerxético de Galicia (Inega). Ayer envió un correo electrónico a José Luis Rodríguez Zapatero y a otros altos cargos para contarles que, desde ya y dos veces por semana, por las tardes acudirá a la oficina acompañada del crío, pues no ha logrado que le apliquen la flexibilidad horaria para conciliar la vida laboral con la familiar que prevé el ordenamiento jurídico vigente.
Tras dar a luz, la mujer disfrutó de la baja reglamentaria y de una excedencia que estiró hasta que Mateo, su niño, cumplió los nueve meses. Desde entonces hasta hace apenas unas horas, se acogió a un régimen de jornada reducida que terminó diezmando en exceso su economía. En adelante, tendrá que permanecer en la oficina desde las 8.00 hasta las 15.30 horas. En principio, los lunes y martes podrá salir 30 minutos antes, si bien deberá regresar de 16.30 a 17.30 para completar sus asignaciones. Pero ocurre que, para afrontar esas condiciones, se vería obligada a dejar al niño en la guardería a la que suele acudir desde las ocho de la mañana hasta las seis de la tarde, o sea, un 25% más del tiempo tope diario reglamentario.
Temiendo la que se le venía encima, el 10 de abril presentó ante el director del Inega, Juan Álvarez Carril, un escrito en virtud del cual reclamaba para sí el horario de mañana no solo durante los tres últimos días de la semana laboral, sino también en los dos iniciales. Argumentó dicha demanda apelando al artículo 44 de la Lei de Igualdade, el cual consagra el derecho de la plantilla de la Xunta a disfrutar de compensaciones de ese tipo, siempre y cuando los beneficiarios de estas las aprovechen para cuidar a, entre otros, menores de 12 años bajo su tutela. «Todavía non emitiron contestación formal; cando a redacten igual xa está o neno facendo o servizo militar», bromea acerca de una situación que para nada le suscita gracia alguna.
«Iso si, verbalmente, o director díxome que rexeitaba a proposta porque, se a aceptase, sentaría un perigoso precedente e outros compañeiros me imitarían», denuncia Lamas. «Resposteille que puxera por escrito todo iso -prosigue- e, como legalmente non podería facelo, tamén se negou». El relato que ella hace de este episodio concluye con una escena surrealista: «E aínda tivo o morro de contestar que pedira un recorte de xornada, que iso si o tramitaría. E claro, solteille: ''Mira, Juan, eu o pido, pero ti, que gañas 4.000 euros, dasme cada mes os 200 que eu deixaría de gañar con iso...''».
«Se eles non da exemplo...»
Esta empleada del Inega, que depende de una consellería perteneciente al área nacionalista del bipartito (Innovación e Industria), considera «un crime» que la normativa la ampare en teoría y, sin embargo, no consiga guarecerse bajo ese paraguas en la práctica. «Se estes non dan exemplo á empresa privada, ¿quen o vai dar? É unha auténtica vergoña», espeta.
Ante el silencio formal de su jefe, y atendiendo a las recomendaciones de representantes sindicales, el 27 de mayo la compostelana planteó lo que se conoce como una protesta previa a la vía judicial. Significa que se ratifica en los deseos ya formulados a primeros de abril y, además, se garantiza la posibilidad de recurrir a los tribunales a partir del 28 de junio, si para entonces sigue en las mismas.