La Fiscalía de Delitos Económicos de Vigo presentó ayer en el juzgado de Tui una denuncia penal contra el dueño de la constructora tomiñesa Marbar, Manuel Martínez Barro, en paradero desconocido desde el 21 de enero. El ministerio público ve indicios de que el empresario fugado cometió un delito de insolvencia punible, en su modalidad de alzamiento de bienes o de concurso doloso.
La teoría de la Fiscalía es que el implicado planeó su fuga uno o dos meses antes. A lo largo de esas semanas vendió sus bienes con el fin de engañar y perjudicar a sus acreedores, que le reclaman una deuda millonaria. Este supuesto fraude pretendía dar apariencia de que el constructor era insolvente porque se había quedado sin patrimonio, para eludir embargos o la respuesta a sus obligaciones.
Existe constancia de que, en diciembre, el empresario se deshizo de su mansión de A Cañiza, que pasó a ser propiedad de una yeguada de Zamora. También obtuvo dinero en metálico por la venta de sus 22 purasangres y de la maquinaria con la que trabajaban los empleados de Tomiño.
«Maniobra rara»
En diciembre, e incluso antes, el implicado ocultó su grave situación económica y, sigilosamente, movió grandes cantidades de dinero en sus cuentas bancarias. La Fiscalía califica estas ventas y movimientos de capital de «maniobra rara» que tendría como finalidad poner sus bienes y dinero a salvo en algún paraíso fiscal. El ministerio público ve indicios de delito porque, intencionadamente, el constructor quiso dar una apariencia de que sus cuentas quedaron a cero y de que estaba arruinado para que sus acreedores no pudiesen cobrar sus deudas por falta de fondos. Aun así, quedan muchos bienes que incautar.
Los 56 empleados despedidos por sorpresa, 150 clientes afectados, la compañía eléctrica, varios bancos y las subcontratistas reclaman al constructor una deuda que algunos sitúan en 25 millones de euros. A causa del efecto dominó, los impagos de Marbar arrastraron a la quiebra a varias de las 25 subcontratas y proveedores. La Fiscalía ignora, por el momento, la cantidad exacta que el empresario ocultó, motivo por el cual no pudo presentar una querella.
La denuncia penal supone una acusación más grave que las demandas que han presentado los trabajadores despedidos en los juzgados de lo social de Vigo o sus acreedores ante el juez de lo mercantil en Pontevedra.
La acusación por un delito contra Barro también implicará que la policía podrá detenerlo en el mismo momento en que el prófugo pise un aeropuerto o paso aduanero en territorio español. Se sospecha que el constructor ha huido al extranjero, tras cruzar el 27 de enero a Portugal por Ciudad Rodrigo.