Las fuerzas que sustentan el bipartito de la Xunta aprobaron ayer en el Parlamento, con el rechazo del PP, una iniciativa encaminada a incentivar la plena galleguización de los comercios, en la que reclaman que todas las ayudas concedidas por la Administración a los pequeños establecimientos contengan una cláusula para la promoción de la lengua propia de Galicia. El PSOE y el Bloque intentaron consensuar el texto con los populares, que optaron por demarcarse airadamente de su contenido, aduciendo que no se garantiza la plena libertad de los comerciantes a la hora de rotular sus negocios.
La propuesta sobre la galleguización de los comercios llegó a la Cámara de la mano del diputado nacionalista Bieito Lobeira e inicialmente era mucho más ambiciosa, pues emplazaba al Ejecutivo autónomo a tomar medidas para garantizar que la rotulación, la sinaléctica interior y exterior, así como la información a los consumidores, se realizara íntegramente en gallego. «Pedimos respecto ao que somos, á nosa lingua, aos que queremos vivir como galegos», subrayó Lobeira, emulando un anuncio de una conocida cadena gallega de supermercados.
Capacidad coercitiva
Los socialistas, en cambio, le pusieron las cosas difíciles a sus socios del bipartito con una enmienda que eliminaba toda la capacidad coercitiva del texto del BNG y se sustituían las garantías por los incentivos y los estímulos. Es más, aunque el diputado socialista Francisco Cerviño coincidió con los nacionalistas en que la salud del gallego atraviesa por una situación «grave», también señaló que es necesario afrontar la realidad de que «o castelán está aquí para quedarse», pues es la lengua hablada por un millón de gallegos.
Pese a la guerra de matices, el PSOE y el BNG se avinieron a transaccionar, invitando incluso al PP a sumarse a un acuerdo. Tras un largo tira y afloja a tres bandas, los grupos políticos acariciaron la posibilidad de llegar a un consenso, si bien el presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, se reservó la última palabra y desautorizó el texto que le llevó el diputado ourensano Maximino Rodríguez. Este, resignado, advirtió que su partido estaba a favor de «fomentar» el uso de gallego en el ámbito comercial, pero sin caer en la «imposición e a exclusión». El Partido Popular, insistió, «abraza a lingua galega, pero non a afoga». El desmarque de los populares fue recriminado por Lobeira antes incluso de que se produjera, al acusar al partido de la gaviota de hacer caso a quienes «defenden a tese de que o castelán está arrinconado en Galicia».
Implicación en el gallego
Por tanto, socialistas y nacionalistas se resignaron a aprobar en solitario una iniciativa mucho más edulcorada que en su versión inicial, si bien propugnan que la Xunta incorpore como criterio en la concesión de ayudas «a implicación da empresa no uso do galego», introduciendo «cláusulas de promoción do galego» en todas las líneas de subvenciones dirigidas a los 61.000 establecimientos comerciales que hay repartidos en la comunidad.
La propuesta final también habla de habilitar incentivos para conseguir la «efectiva rotulación» en gallego del interior y el exterior de los comercios, potenciando además con campañas la «oferta positiva» de atender al cliente en la lengua autonómica como la práctica comercial habitual.
A efectos prácticos, este punto se traduciría en que los comercios que estén dispuestos a rotular sus estanterías o sus carteles en gallego estarían mejor posicionados ante la Xunta para recibir ayudas públicas, pues el uso de esta lengua le daría algún punto de ventaja en las convocatorias.