El PP presentó ayer un recurso de reforma ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que solicita al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, la suspensión cautelar de su providencia del pasado jueves, en la que requería a la Abogacía General de la Generalitat valenciana los nombres de los altos cargos de los 17 departamentos del Gobierno autonómico que adjudicaron contratos a la trama corrupta entre el 2004 y el 2009. La petición de información recurrida por los populares deriva de un informe de la Intervención General del Estado, que asegura que el Gobierno de Francisco Camps adjudicó a nueve empresas de la trama de Francisco Correa 85 contratos por valor de más de 7,2 millones de euros y que sostiene que, al menos, 14 de esos concursos presentan irregularidades y que otros muchos fueron fraccionados artificialmente para concederlos a dedo.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid informó ayer de que «en breve» el juez «resolverá sobre la pretensión» de los populares de dejar sin efecto la petición de información a la Abogacía de la Generalitat. Antes, el instructor tendrá que escuchar a la Fiscalía Anticorrupción, que fue la que le instó a pedir más datos sobre los contratos firmados con la trama corrupta.