El juez Garzón hizo público su auto horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordara asumir la totalidad de la investigación de la trama corrupta que salpica al PP y le reclamara toda la documentación de la causa tras constatar que, tal y como afirmaba el instructor de la Audiencia Nacional, hay «indicios relevantes» de corrupción en las actividades de tres aforados madrileños. Se trata de los diputados regionales Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes; Alfonso Bosch Tejedor, ex gerente de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, y Benjamín Martín Vasco, ex presidente de la Empresa Pública Sociedad de Fomento de Arganda del Rey.
El presidente del alto tribunal madrileño y ponente en este caso, Francisco Javier Vieira Morante, cree que la investigación de Garzón y de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ha demostrado, al menos indiciariamente, que los tres diputados del PP se dejaron sobornar por el empresario Francisco Correa y los suyos, recibiendo «importantes cantidades de dinero en atentación a sus actividades de mediación o influencia en la adjudicación de contratos a varias empresas de personas imputadas» en el caso Gürtel.
La resolución centra la investigación en determinar si López Viejo recibió sobornos por la adjudicación de contratos, si Martín Vasco «intermedió» para que las empresas de Correa se llevaran «proyectos urbanísticos» en Arganda, y si Tejedor favoreció a estas mismas firmas a cambio de dádivas.
Según la UDEF, los tres parlamentarios regionales, en su día ya defenestrados por la presidenta Esperanza Aguirre, cobraron de Correa sobornos por un total de 1.250.728 euros, por lo que ve indicios de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.