El Ejecutivo socialista y la Fiscalía instarán su ilegalización ante el Tribunal Supremo en los próximos días
02 ene 2008 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero ya ha tomado la decisión: ni ANV ni el PCTV ni ninguna otra candidatura sospechosa de suceder a la ilegalizada Batasuna concurrirán a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008.
Con esta idea clara, lo único que le resta al Ejecutivo es utilizar los cauces legales para impedir que una lista electoral ejerza de «frente institucional» de ETA en el Congreso y poner en marcha los procesos judiciales que dejarían fuera de la vida política, de forma definitiva, a los dos partidos que, según las fuerzas de seguridad, se han convertido en el altavoz de Batasuna y han permitido su pervivencia en los ayuntamientos, las diputaciones y el Parlamento vascos. La cuenta atrás comenzará el día de Reyes.
Demandas de ilegalización
Cuando el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se quedaron vacíos la semana pasada para celebrar el fin de año, la parte sustancial del trabajo que se desarrollará en los próximos tres meses ya estaba preparada, según las distintas fuentes jurídicas y gubernamentales consultadas.
Las Fiscalías del Supremo y la Audiencia, coordinadas con la Abogacía del Estado, han trabajado durante más de un mes para tener listo el esqueleto de lo que serán las demandas de ilegalización de ANV y el PCTV, dirigidas a la Sala Especial del alto tribunal, y las peticiones de suspensión de actividades de ambas formaciones, que se tramitarán en las causas penales que contra sus respectivas direcciones tiene abiertas el juzgado de Baltasar Garzón. El punto de inflexión se espera para la semana del 7 al 13 de enero. Todo apunta a que esos días la Policía y la Guardia Civil pueden haber acabado el exhaustivo informe sobre los posibles vínculos entre ANV, PCTV y Batasuna que el juez Baltasar Garzón les encargó. Los elementos de la investigación que han trascendido apuntan a que el informe podría describir a ANV y PCTV como estructuras al servicio y a las órdenes de la Mesa Nacional de Batasuna y de ETA.
Se trataría de tres organizaciones con vasos comunicantes tanto en la dirección política como en la estructura económica. ANV y PCTV llevarían a las instituciones, la primera a los 42 ayuntamientos en los que gobierna y la segunda al Parlamento vasco, la estrategia y la voz de Batasuna y, al tiempo, financiarían con parte de sus ingresos -salarios y subvenciones públicas- la infraestructura del partido proscrito y el sueldo de sus miembros liberados.
El paradigma de este triángulo ilícito sería Marije Fullaondo, la portavoz de la Mesa Nacional encarcelada en diciembre por Garzón, que, según el auto del juez, recibe su sueldo del PCTV -que la tiene contratada a tiempo completo- y es una de las dirigentes ante la que rinden cuentas los responsables de ANV. El modelo, según la investigación, se repite con ligeras variantes con bastantes más jefes de Batasuna.