La investigación desarrollada por la Comisión Nacional de la Competencia detectó en la contabilidad de al menos dos firmas varios pagos del reparto efectuados entre empresas involucradas en la presunta estafa.
La firma ganadora del contrato obtenía siempre un mayor presupuesto del que la Administración hubiera pagado en un proceso de concurso público normal. Una vez adjudicada la obra en cuestión, según consta en el dictamen de la CNC, el ganador «compensaba económicamente al resto de competidores, por haber presentado sus ofertas modificadas».
Los investigadores han logrado «evidencias» de los pagarés emitidos entre empresas y también pruebas de los contactos y reuniones que mantenían los involucrados para «intercambiar información sobre las rebajas que tenían previstas».