En febrero del 2011 se obligó a Grecia a entrar en un plan de rescate por parte del BCE y el FMI que muchos considerábamos (en los plazos y condiciones de pago) imposible de cumplir. También a ejecutar medidas de ajuste que condenarían a la economía griega a una prolongada recesión. El resultado: la prima de riesgo pasó de situarse en trescientos puntos a triplicarse en los meses siguientes, mientras las agencias rebajaron sin descanso la calificación de la deuda griega. Es así como se llega a la necesidad urgente de un segundo rescate (por otros 100.000 millones) para que Grecia pueda hacer frente a sus compromisos y no tenga que declararse en quiebra. Un letal círculo vicioso al que ahora también se empuja a Portugal.
Así las cosas la banca privada francesa, alemana y del resto de la UE, se avino a considerar esta semana -en sendas reuniones en París y Roma- una eventual prolongación de los plazos de amortización, hecho suficiente para que las peligrosas agencias privadas de calificación amenacen a la UE con rebajar la nota de los bonos griegos a la condición de impago selectivo. Pero, como bien se ve en los datos, los bancos privados (franceses, alemanes, del resto de Europa) apenas detentan directamente doce de cada cien euros de deuda pública helena, mientras que las instituciones públicas -griegas y europeas- tienen en sus carteras nada menos que cuarenta de cada cien euros. Más del triple.
No se entiende cómo esa parte muy minoritaria de los acreedores pueda ser decisiva en los mercados para impulsar la prima de riesgo a niveles de dos dígitos. A no ser que entre tres agencias de calificación y un puñado de bancos determinen lo que puede y debe hacer o no el BCE, el FMI y la Comisión Europea. Que una minoría de agentes financieros privados impongan sus criterios especulativos y de corto plazo a una mayoría de acreedores y de instituciones públicas. Visto así, tiene su mérito.