La empresa dice que la sentencia no incidirá en sus operaciones antes del 2018
15 jun 2011 . Actualizado a las 06:00 h.Una sentencia de la Audiencia Nacional conocida ayer condena a la Administración a incoar un expediente de caducidad de la concesión de Ence en Lourizán (Pontevedra) y a la adopción de «todas las medidas legalmente contempladas» para la paralización de las actividades y suspensión del uso y explotación de las instalaciones.
Las exigencias podrían incluso ser mayores, al sumarse otras derivadas de la caducidad. Pero su alcance concreto se verá en el futuro. La empresa señaló que la sentencia es recurrible en casación ante el Supremo y que no declara nula la concesión. Aseguró que no va a tener incidencia en la situación legal y en las operaciones de la compañía antes del plazo legalmente establecido para la concesión (el 2018, según la Ley de Costas).
La entidad Salvemos Pontevedra, que instó el procedimiento judicial, da por hecho que Ence se tendrá que ir de Lourizán a un polígono industrial con medidas correctoras, aunque precisa que los puestos de trabajo «no están en riesgo» y que el cambio de ubicación no será «mañana».
Ence podrá ahora presentar alegaciones en el expediente de caducidad, que tardará en tramitarse en torno a un año, tras haber visto cómo la Audiencia Nacional rechazaba sus tesis en este procedimiento. El fallo judicial estimó solo en parte las peticiones de Salvemos Pontevedra, que había pedido la declaración directa de la caducidad de la concesión, además de su extinción y rescate. Tampoco ordena la incoación de expedientes de reposición de la legalidad urbanística.
Los recurrentes habían intentado sin éxito que el Servicio Provincial de Costas iniciase el expediente de caducidad, pero respondió con el silencio administrativo, que a la postre de convirtió en positivo. El TSXG entendió a su vez que el asunto estaba fuera de su competencia.
«Logramos que las cosas queden claras; que el Ministerio de Medio Ambiente, la Xunta, Europa y el alcalde de Pontevedra sepan que eso es irreversible: hay un tribunal que ha dicho que se tiene que dictar la caducidad y paralizar las actividades», manifestó Francisco Díaz, representante de la entidad ecologista.