Industria cree que la denegación de las medidas sobre el decreto del carbón influirá en el Tribunal de la UE
ECONOMÍA
El Ministerio de Industria tiene el convencimiento de que el acuerdo adoptado el miércoles por el Tribunal Supremo para denegar las medidas cautelares sobre el decreto del carbón influirá en la decisión que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea adopte el 10 enero sobre las ayudas a la minería. Fuentes del gabinete que dirige Miguel Sebastián confirmaron que en este tipo de procesos «los tribunales suelen apuntar en la misma dirección que lo hace el primero que resuelve». Si fuese así y la Corte de Luxemburgo levantase la suspensión de las subvenciones al mineral nacional previstas por el Gobierno central, el decreto entraría en vigor a principios del año que viene.
La argumentación
A grandes rasgos, el Tribunal Supremo desestima las medidas cautelares sobre el decreto del carbón que habían solicitado Endesa, Gas Natural e Iberdrola porque considera que los perjuicios alegados por las empresas no son irreparables. También señala que, por el momento, debe prevalecer la defensa de los intereses generales a los que alude el Estado con la aplicación de las ayudas a la minería.
Contra la decisión que adoptó el Supremo el miércoles cabe interponer un recurso de reposición ante el propio tribunal, aunque las eléctricas no confirmaron ayer si harán valer este derecho. En este sentido, el secretario de asociación de afectados por el decreto del carbón, el abogado Cristóbal Dobarro, ya adelantó el miércoles que «será complicado que prosperen las medidas cautelares, pero esto no quiere decir que el fondo de la norma no contravenga tanto la legislación española como la comunitaria». La entidad, que ha sido creada recientemente y en la que se engloban algunas de las principales patronales de Ferrolterra, ha interpuesto su propio recurso ante el Supremo.
Por otro lado, la Audiencia Nacional, que había vinculado el levantamiento de las medidas cautelares que había dictado sobre parte del decreto a la decisión del Supremo, tampoco resolvió ayer sobre este asunto. Fuentes oficiales del juzgado subrayaron que será difícil que tome una decisión en los próximos días, aunque dejaron claro que «todo apunta a que, como se había anunciado, lo hará en el mismo sentido que el Supremo».
La decisión del tribunal de no tomar en consideración las medidas cautelares no pasaron ayer desapercibidas para las dos partes enfrentadas en este conflicto. En Galicia se acogió con prudencia.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, todavía confía en los pronunciamientos de la Audiencia Nacional y el Tribunal de Luxemburgo. Después del Consello da Xunta, Feijoo aseguró que su Ejecutivo «sempre defenderá os intereses xerais de Galicia» y calificó el decreto como «malo y discriminatorio», porque supondría la destrucción de 3.000 puestos de trabajo en toda la comunidad. Mientras tanto, en León y en Asturias consideran que el posicionamiento del Supremo puede desbloquear las ayudas del Gobierno y confían en que regrese la actividad a las explotaciones mineras.
Los perjuicios en Galicia
El decreto del carbón, diseñado por Industria, prima el funcionamiento de las instalaciones de generación eléctrica que queman mineral extraído en las cuencas españolas. Por este motivo, reduce la operatividad de las centrales de Endesa en As Pontes y de Unión Fenosa Gas en Meirama, en el municipio de Cerceda, alimentadas ambas con carbón de importación. La industria auxiliar de estas dos plantas también perderá peso.
Además, según la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en su último informe, la aplicación del decreto pesará de manera decisiva en el incremento de la tarifa eléctrica que levará a cabo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que también pagarán los consumidores gallegos.