Los contratos regulados para elevar el precio dividen a los socios europeos
ECONOMÍA
La posibilidad de establecer una normativa común a nivel europeo sobre los contratos regulados de la leche, que pretenden mejorar la capacidad de negociación de los ganaderos con la industria y la distribución para elevar los precios de la leche, divide a los socios comunitarios. Ayer, un grupo de países encabezados por el Reino Unido, Dinamarca, Suecia y los Países Bajos mostraron sus reticencias a esa medida durante el Consejo de Ministros de Agricultura celebrado en Bruselas.
Mientras cientos de ganaderos protestaban en el exterior de la sede del Consejo de la UE en la capital belga, los ministros debatían un documento del grupo de expertos a los que los veintisiete reclamaron propuestas para sacar al sector lácteo de la grave crisis de precios en origen que alcanzó su punto máximo el año pasado. Una de las ideas clave del documento es regular las relaciones entre los ganaderos, las industrias y las grandes cadenas de distribución.
Mayoría
Aunque un grupo de ministros de los citados países abogaron por flexibilizar la aplicación de los contratos regulados y darles carácter voluntario, una mayoría de Estados, entre los que figuran España y Francia, dos de los principales productores, se pronunciaron a favor de que se establezcan con carácter obligatorio. También apoyaron la idea del grupo de expertos de establecer algunas excepciones a las normas de competencia europeas, que impiden, por ejemplo, que los ganaderos pacten el precio de venta a las industrias.
Acelerón
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, se mostró optimista al comienzo de la reunión y expresó su confianza en que las nuevas medidas provoquen un «acelerón» de la firma de contratos homologados en el sector lácteo.
Espinosa recordó que el sistema se implantó hace ahora un año tras un acuerdo entre el Gobierno, la industria, la distribución y las organizaciones ganaderas, y que desde entonces se han firmado ya la mitad de los contratos homologados que se esperaba suscribir, y que, a juicio de la ministra «no son pocos».