«No actuamos en respuesta a lo que digan las agencias, más bien lo que tratamos es de explicar que lo importante son los fundamentos de la economía y nuestra determinación para reducir el déficit y hacer las reformas que nos permitan consolidar una senda de crecimiento». Esta es solo una de las muchas frases -en esta ocasión pronunciada por la ministra de Economía, Elena Salgado- con las que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero ha tratado de quitar hierro al golpe que ha supuesto la rebaja de la calificación de la deuda española aplicada esta semana por Standard & Poor's.
Pero lo cierto es que bajar otro peldaño en la escala (España ya perdió en enero del 2009 el sello de máxima calidad del que disfrutan un selecto grupo de países y al que había accedido en el 2004) acarrea severas consecuencias. Aunque la nota sigue siendo buena, un Estado solvente, pero con desequilibrios económicos, se ve abocado a recompensar a sus financiadores con rentabilidades más altas. Aumenta, pues, la carga del endeudamiento exterior y se encarece el dinero que obtienen con sus emisiones la banca y las empresas, que tienen las obligaciones del Estado como referente.
En lo que va de año, el Tesoro ha emitido deuda por valor de algo menos de 35.000 millones de euros y, según los planes del organismo, le quedan por colocar en los mercados otros 62.000. Si la prima de riesgo -diferencial con el bono alemán- se mantiene en los niveles actuales (en el entorno de los cien puntos), los expertos estiman que el Estado tendrá que desembolsar unos 3.000 millones más de los que habría tenido que pagar antes del estallido de la crisis griega y del varapalo de S&P.
En cualquier caso, este sobrecoste podría evitarse si el Gobierno logra convencer a los inversores de que es capaz de llevar a buen puerto su compromiso de reconducir del déficit hasta el límite del 3% que marca Bruselas para el 2013. Sobre todo, a los inversores extranjeros, que tienen en sus manos el 40% de la deuda pública española.