El Consejo de Ministros aprobará mañana dar una mayor agilidad para que las entidades opten a las ayudas bancarias
08 abr 2010 . Actualizado a las 10:36 h.Las fusiones frías de cajas denominadas técnicamente sistema institucional de protección (SIP) cuentan hoy con una legislación muy difusa. El Ministerio de Economía quiere aclarar de inmediato las condiciones que las regulan, su régimen fiscal, cómo consolidan su negocio las cajas que participan... para tratar de relanzarlas. Se trata de concretar aspectos técnicos «de importancia», según el sector, que concluyen en una equiparación de los SIP con las fusiones totales, es decir, las uniones mercantiles al uso.
Este tipo de alianzas permiten mantener la marca y señas de identidad de una caja en su territorio, y fuera, compartir negocios con otros socios. Para ello, crean una sociedad central de nuevo cuño a la que aportan un 40% de su capital. La tributación que tienen ese tipo de sociedades no está clara con la normativa actual (una circular del Banco de España), lo que puede retraer a más cajas a adoptar este tipo de fórmulas para reestructurar el sector. El Consejo de Ministros propondrá que su tributación sea «idéntica» a la de las fusiones mercantiles clásicas, de manera que se eliminen desventajas competitivas.
Junto a los puntos impositivos, el Gobierno incluirá aspectos contables y operativos de los SIP que, en la práctica, redundarán en que este tipo de alianzas sean finalmente fusiones, según fuentes del sector. Este planteamiento coincide con el expresado por el Banco de España, que ya ha urgido a que las entidades se reestructuren con premura. El regulador bancario acaba de marcar que los socios que participen en un SIP han de mantenerse en la sociedad al menos 10 años -inicialmente eran 4-, con fuertes penalizaciones para quienes abandonen. En la práctica, esta vía se convierte en irreversible.
Con el nuevo marco normativo, el Gobierno trata de agilizar este tipo de alianzas entre cajas de diferentes comunidades, salvando los resquemores de los Gobiernos autonómicos. La salida del SIP se contempla ya en firmas de ocho comunidades (sobre todo uniprovinciales) para tratar de mejorar sus ratios de solvencia y capitalización y, al trabajar como grupos de mayor tamaño, optar a mercados de financiación vetados a entidades pequeñas. A la vez, permite mantener las marcas comerciales y el gobierno propio de cada entidad. Aunque solo a corto o medio plazo.
Sin embargo, fuentes del sector creen que la regulación de este tipo de alianzas no despeja el principal riesgo que conllevan: la bancarización. Porque la nueva sociedad que crean las cajas participantes, y a la que se cede casi la mitad de los recursos propios, opera como un banco y, por lo tanto, puede entrar el capital privado. Está por ver si el Ministerio de Economía acepta la petición de la patronal de cajas, la CECA, y de los sindicatos: que los SIP se regulen a través de una caja de cajas, sin posible privatización. Es una petición que ayer mismo hizo CC.?OO., que sí se presta a que las cajas se capitalicen con cuotas participativas (instrumento similar a acciones).
Cajas a la espera
El anuncio de ese marco regulador encaja con la pretensión de un grupo notable de entidades que están a la espera de que la Moncloa clarifique algunos aspectos antes de dar un paso adelante y aprobar su fusión fría. Por ejemplo, los promotores del SIP entre Cajastur, Cantabria, Murcia, Extremadura, Sa Nostra y Caixa Penedés.
En el mismo consejo, y dentro del mismo paquete de medidas anticrisis, el Gobierno dará carta blanca a retoques en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), las ayudas públicas para fusionar cajas. Según fuentes oficiales, el objetivo es «agilizar y hacer más transparente» la concesión de esos fondos, cuando apenas restan tres meses para que expiren. En todo caso, esos acuerdos se están aún negociando con los partidos.