El Congreso aprueba por unanimidad la reforma de la ley de morosidad, que inyectará 10.000 millones a las pymes
24 mar 2010 . Actualizado a las 02:01 h.Después de que la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad pidiera la semana pasada ayuda la semana pasada al apóstol Santiago para que inspirara a los políticos a la hora de votar la reforma de la ley que regula los plazos de pago, ayer, quizá por inspiración del santo, los grupos de la Comisión de Industria del Congreso apoyaron por unanimidad el cambio propuesto por CiU, que supone reducir de forma notable el período de abono en las operaciones de Administraciones y empresas con sus proveedores.
Las primeras deberán pagar sus facturas en 30 días y las segundas, en 60, frente a los actuales plazos medios de 139 y 98 días, respectivamente. El cambio, eso sí, se haría de forma progresiva para llegar a los plazos pactados en el 2013. Además, los grupos parlamentarios rechazaron una propuesta del PSOE que pretendía excluir de la norma a las grandes compañías (con más de 100 millones de facturación), permitiéndoles un «pacto entre las partes» sobre el momento del pago, lo que dejaría vendidos a los pequeños.
El texto impone también que el plazo empiece a contar desde la recepción de la mercancía o la realización del servicio, y no desde el momento en que llegue la factura, como hasta ahora.
Antoni Cañete, portavoz de la Plataforma (que representa a casi 800.000 pymes, que emplean a cuatro millones de trabajadores y a 460.000 autónomos) celebró la decisión, calificándola de «paso histórico». «Hoy hemos salvado miles de empresas y puestos de trabajo, y hemos dado un salto de gigante en la mejora de la competitividad; David ha vuelto a ganar a Goliat», añadió.
Cañete estima que la reforma supondrá «una inyección financiera de 10.000 millones a las pymes, que tendrán más liquidez para luchar contra la crisis».
CiU, impulsor de la reforma, que aún debe pasar por el Senado, explicó que es «consciente de que los ayuntamientos necesitan liquidez para poder cumplir la norma».
Por eso, su portavoz en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, pidió al Gobierno que mejore las vías de financiación «para que los ayuntamientos puedan pagar sus deudas».
Por su parte, desde la Federación de Autónomos (ATA), subrayaron que la reforma «es un gran paso, que permitirá parar la sangría» del colectivo.
Seguimiento
La Comisión de Industria aprobó también ayer la creación de un observatorio estatal de la morosidad para realizar un seguimiento específico de la evolución de los plazos de pago y de la morosidad, así como de la eficacia de la ley en su control.
En el organismo, presidido por el Gobierno, participarán las asociaciones nacionales y autonómicas así como la plataforma multisectorial contra la morosidad. El Ejecutivo, además, remitirá anualmente un informe al Congreso sobre la situación de los plazos de pago para analizar la eficacia de la norma.