La reforma laboral recuperará las bonificaciones para las empresas que conviertan empleos temporales en fijos
12 mar 2010 . Actualizado a las 03:47 h.El 44% de los casi 234.200 parados con los que contaba Galicia en febrero tienen «baja» o «muy baja» posibilidad de encontrar trabajo, según el grado de ocupabilidad que establece el Ministerio de Trabajo e Inmigración. Por el contrario, hay unas 42.500 personas, algo más del 18% del total, con muchas posibilidades de reincorporarse pronto al mercado laboral.
En el conjunto de España, casi el 40% de los desempleados, es decir, más de 1,6 millones, se encuentran en el primero de los grupos mencionados y son más de 951.000 (el 23%) los afortunados que entran en la segunda categoría. Navarra es la comunidad con mayor porcentaje de desempleados con elevadas posibilidad de encontrar un puesto de trabajo (algo más del 42%) y Andalucía, Extremadura y Galicia, por este orden, las que peores índices de ocupabilidad presentan.
Las mujeres, peor
De los demandantes de empleo registrados en febrero en el conjunto del país, 2.100.664 eran hombres y 2.029.961 mujeres, pero las posibilidades son menores para ellas, ya que registran una ocupabilidad baja o muy baja en el 42,91% de los casos, mientras que entre los varones el índice es del 37,08%
Por sectores, los panoramas más sombríos corresponden al colectivo sin empleo anterior (51,91%), seguido de la industria (46,43%), la construcción (39,81%), la agricultura (37,68%) y los servicios (37,14%).
Y mientras las estadísticas del mercado laboral siguen arrojando cifras, cuanto menos, inquietantes, los mimbres de la tan traída y llevada reforma laboral todavía están sin armar. Los jóvenes, con una tasa de paro del 40%, y el empleo temporal, que afecta a tres de cada diez ocupados, centran la negociación.
Descartada la creación de un nuevo contrato para luchar contra la crisis, el diálogo se encamina a retocar las dos modalidades -formación y prácticas- destinadas a los trabajadores de menor edad y a incentivar a las empresas para que transformen colocaciones con fecha de caducidad en indefinidas.
Las reuniones se celebran con suma cautela y lo más alejadas posible de los medios de comunicación. Los interlocutores ?-Gobierno, patronales y sindicatos- aseguran que el acuerdo es posible. El Ejecutivo ha puesto como fecha tope para el entendimiento el 30 de abril. «A partir de entonces, si la confrontación persiste, actuaremos», mantienen miembros del Gabinete.
Limitar la temporalidad
La mesa de negociación busca pues acotar los contratos temporales a tareas de duración determinada, un objetivo perseguido sin éxito desde hace décadas. El camino emprendido da una vuelta jurídica a la regulación de esas relaciones contractuales para evitar su uso incorrecto, impedir su encadenamiento y subir la indemnización por despido, situada en ocho días por año de servicio. Los cambios también pasan por recuperar las bonificaciones para la conversión de empleo temporal en indefinido, medida que se aplicó durante el segundo semestre del 2006 con resultados muy positivos.
El contrato de fomento del empleo, de carácter estable, creado por consenso en 1997, se enganchará a esos beneficios. A la vez se universalizara su aplicación. Hasta el momento está prohibido para los varones mayores de 30 años de edad y menores de 45. Su principal ventaja es que conlleva un despido improcedente más barato que el indefinido ordinario (33 días por año con un tope de 24 mensualidades).
Para sacar del pozo laboral a alrededor de 600.000 jóvenes con nivel educativo bajo, procedentes del fracaso escolar, los interlocutores modificarán el contrato de formación. Este contrato exige, como su nombre indica, formación por parte de la empresa, y Gobierno, patronales y sindicatos están dispuestos a que la enseñanza corra a cargo del sistema público en los centros de trabajo con plantillas inferiores a diez personas. Otros cambios consistirán en ampliar el límite de edad para su utilización más allá de los 21 años y dotarlo de protección de paro.
El contrato de prácticas, también destinado a los jóvenes pero con título universitario o de formación profesional de grado medio o superior, experimentará un mayor control. CC.?OO. y UGT denuncian que aunque su misión es precisamente la de aprender a través de la realización de prácticas, se usa para el desarrollo de trabajos normales. El Gobierno ofrece una mayor vigilancia en las empresas para que su objetivo se cumpla.