Corbacho ve compatible la protesta en la calle contra la reforma de las pensiones y alcanzar un acuerdo en esta materia
25 feb 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El poder adquisitivo de los 2,7 millones de empleados públicos está garantizado hasta el 2012 (inclusive) por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, según afirmaron tajantemente ayer dirigentes de CC.??OO., UGT y CSIF, quienes instaron al Ejecutivo a mantener «una sola voz» ante la ciudadanía. «Lo que firma una vicepresidenta no puede ser cambiado por un secretario de Estado», apuntó Enrique Fossoul, de Comisiones. La reacción sindical se produjo ante las declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, encaminadas a reabrir el acuerdo suscrito entre Gobierno y sindicatos el pasado 25 de septiembre.
El pacto mantiene el poder adquisitivo de los empleados públicos durante la presente legislatura. En resumen, el acuerdo fija para el 2010 un incremento del 0,3% sobre la masa salarial, subida que ha costado 50 millones de euros.
Los incrementos del 2011 y el 2012 se negociarán entre los firmantes del documento, en función de la evolución presupuestaria del IPC, previsión de crecimiento económico, capacidad de las cuentas del Estado y valoración de la productividad. La capacidad de compra quedó garantizada por las cláusulas establecidas, que reflejan que el 1 de enero del 2012 se ajustarán los posibles desvíos entre la subida inicial y el aumento de los precios de los dos años anteriores. La revalorización del 2012 tendrá lugar al ejercicio siguiente.
Ocaña apuntó que el Ejecutivo ha previsto una reducción del 4% en el volumen total de retribuciones de los funcionarios, mediante el ajuste de la tasa de reposición y del incremento salarial. El ahorro forma parte del plan de austeridad que aplicará Hacienda desde el 2010 hasta el 2013. El secretario de Estado se mostró partidario de respetar el incremento del 0,3% del 2010, pero de sus palabras se desprende que la congelación salarial planea sobre los empleados públicos para los dos ejercicios siguientes.
Encaje difícil
Economía reconoce que el mensaje de Ocaña está en sintonía con recomendaciones de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI). No obstante, esta corporación -brazo industrial del Estado- admite que se enfrenta a un problema porque no es fácil encajar el acuerdo de los empleados públicos con el objetivo de ahorrar 50.000 millones de euros en tres años para devolver el déficit al límite del 3%.
Los portavoces de los tres sindicatos mantuvieron recientemente una reunión con Fernández de la Vega, quien -a su juicio- les garantizó el cumplimiento del acuerdo. Además, la vicepresidenta se comprometió a explicar públicamente la situación y disipar dudas e incertidumbres el día 2 de marzo en el Congreso de los Diputados.
Para Julio Lacuerda, de UGT, las declaraciones de Ocaña suponen «un torpedo a las cláusulas de revisión», fórmulas que, en su día, fueron «prodigadas por el propio Zapatero».
Domingo Fernández, presidente de CSIF, aseguró que su organización «está muy tranquila» porque la vicepresidenta «lo va a respetar y jamás nos ha dicho que no se vaya a cumplir».
Pensiones
Por otra parte, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se mostró ayer convencido de que la protesta en la calle no impedirá que el Gobierno alcance un acuerdo político y social que asegure el futuro de las pensiones. A su juicio, ambas cosas «no son incompatibles». Sus declaraciones tuvieron lugar en los pasillos del Congreso, desde donde calificó las primeras grandes manifestaciones contra el retraso de la edad de jubilación de «normales» y «cívicas». Reiteró el respeto del Gabinete hacia las decisiones de CC.?OO. y UGT con «la firme convicción y profunda confianza de que eso [las movilizaciones] no va a impedir un diálogo que permita llegar a un acuerdo».