Corbacho carga contra Fernández Ordóñez y dice que es «simplista» reducir la reforma laboral al coste del despido
ECONOMÍA
Las diferencias de criterio en cuanto al alcance y dirección de una hipotética reforma laboral son más que evidentes entre el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El primero calificó ayer de «simplista y reduccionista» afirmar que la resolución de la crisis pasa por rebajar la indemnización por despido.
De este modo respondía ayer el ministro al responsable del órgano supervisor, que volvió a plantear la urgencia de una reforma laboral en su comparecencia de esta semana ante la Comisión de Presupuestos del Congreso.
Corbacho considera que es preciso hacer un análisis más ambicioso y amplio de las reformas que se deben abordar y que, además, estas requieren del consenso de los agentes sociales, por lo que es preciso debatirlas en una «discusión sosegada y tranquila», es decir, en la mesa del diálogo social, sobre cuya reactivación se mostró optimista.
Lo cierto es que el ministro se posicionó abiertamente a favor de una reforma, que hace una semana justificaba en la necesidad de reducir la temporalidad (potenciando la contratación indefinida a tiempo parcial), y ayer en mejorar y modernizar el sistema productivo.
En la rueda de prensa en la que desgranó las grandes líneas de los presupuestos de su departamento para el próximo ejercicio, Corbacho también planteó la necesidad de modificar el modelo de bonificación a la contratación, que -como ya había adelantado en la Cámara baja- ha perdido su eficacia debido a su excesiva universalización.
Cambios en diciembre
En este sentido, confirmó que el objetivo es reformar, de acuerdo con los agentes sociales, el sistema para incentivar la contratación antes de que finalice el año. De hecho, en los Presupuestos están consignados 2.850 millones de euros para promover el empleo indefinido, a través de bonificaciones (un 1,8% más que este año y de ellas se beneficiarán 3,1 millones de trabajadores), por lo que es una prioridad de Trabajo mejorar su eficacia.
El Ejecutivo también tratará con los agentes sociales qué hacer con el superávit que destina al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, ingreso que han retrasado para que hubiera suficiente liquidez para asumir los aplazamientos de cotizaciones que piden las empresas.