Los sindicatos respaldan la emisión de deuda para hacer frente a un déficit de ingresos de 1.500 millones
17 sep 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Luís Villamor El Gobierno gallego tendrá que hacer filigranas para cuadrar las cifras de la Xunta para el 2010. Recurrirá, con toda probabilidad, al límite de endeudamiento, el 2,5% del PIB, y explorará con lupa las «posibilidades» de que dispone en materia de política fiscal, concretamente, de impuestos verdes.
La conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, transmitió ayer a los sindicatos una situación económica «moi complicada e complexa» y, aunque dejó claro que no es momento de presentar un incremento «excesivo» de la presión fiscal, en el documento presupuestario «está contemplado» el canon eólico, una iniciativa que podría aportar unos 60 millones de euros, aunque está por ver qué porcentaje ingresará la Xunta y cuál llegará a los ayuntamientos.
Se da la circunstancia de que el borrador oficial del canon que la Xunta ha dado a conocer al sector prevé que los fondos vayan a parar a los concellos con molinos eólicos, pero un segundo borrador en la web de Industria, ya retirado, dejaba entrever las opciones de ingreso de la Administración autonómica. La conselleira puso ayer de relieve esta vertiente, tras su encuentro con los representantes sindicales de UGT, CC.?OO. y CIG.
«A Xunta ten anunciado a creación do canon eólico e estamos estudiando todas as posibilidades de política fiscal que temos, pero pendentes da reforma fiscal do Estado, que non está pechada», concretó la conselleira de Facenda.
Gasto social
Fernández Currás reveló que las grandes cifras de la Xunta para el próximo ejercicio reservarán el 60% del gasto a educación, sanidad y servicios sociales, con atención especial a la ley de dependencia.
Los 1.500 millones de euros de reducción de ingresos, por la bajada del 16,5% de las aportaciones a cuenta del Estado, y el recorte del 33% en el capítulo del impuesto de transmisiones patrimoniales, obligará a la Xunta a priorizar en algunas partidas, concretamente en las del gasto social, que se mantendrán en el mismo porcentaje que este año, iniciativa que no satisface a los sindicatos, que pronostican que puede derivar en el deterioro de los servicios.
Lo que tiene claro el Ejecutivo de Feijoo es que analizará todas las posibilidades de colaboración entre la iniciativa pública y privada para la ejecución de infraestructuras, sin que suponga la privatización de la gestión.
Este planteamiento de tirar de iniciativa privada para ejecutar determinadas obras no sintoniza con las previsiones sindicales, que aprovecharon la cita con la conselleira para demandarle explicaciones.
Los sindicatos quieren saber el «peaxe» que tendrá que pagar la Xunta para implicar a las empresas en estas infraestructuras, y Fernández reiteró que no va a suponer la privatización de la gestión de los servicios públicos por manos privadas, en referencia a los hospitales de Vigo y Pontevedra.
Para equilibar las cuentas, la Xunta cuenta sobre todo con el recurso de emitir deuda pública, lo que supondrá una inyección de unos 1.300 millones, y que los sindicatos ven con buenos ojos. La conselleira admitió que no está cerrada la cifra, pero se mostró convencida de que es momento para endeudarse.
La responsable de Facenda tomó nota de las sugerencias que le hicieron ayer los sindicatos,tal y como hizo la víspera con las de los grupos parlamentarios. Mañana recibirá a la patronal gallega. Ha pedido a los agentes sociales que le hagan llegar las inversiones que consideran prioritarias, por la incidencia que puedan tener en el empleo. «Nunha situación de crise sen precedentes, debemos contar coas aportacións de todos os colaboradores sociais», sostuvo ayer.