Aznar dice que la medida garantiza la impunidad de los directivos y aboga por dejar caer a las entidades inviables
04 jul 2009 . Actualizado a las 02:00 h.La Junta de Andalucía y la de Extremadura se unieron ayer a la Generalitat de Cataluña y anunciaron que van a estudiar si el decreto que regula el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) invade las competencias de las comunidades autónomas. El Ejecutivo extremeño anunció que solicitará un dictamen al Consejo Consultivo sobre las posibilidades de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el citado decreto, y así garantizar su voz ante procesos de fusión o absorción de las cajas, mientras que la Junta de Andalucía indicó que los servicios jurídicos de la comunidad estudian si la norma invade sus competencias.
Ambas comunidades expresaron así sus dudas sobre el FROB un día después de que el conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castells, dijera que «hay indicios» de que el decreto de creación del fondo puede invadir competencias, con lo que la Generalitat las defendería mediante la petición de un dictamen para poder recurrirlo.
Según Castells, los servicios jurídicos de la Generalitat estudian el decreto y, si de su informe se desprende que puede haber una invasión competencial, pedirán un dictamen al Consejo Consultivo como paso previo a la presentación de un requerimiento de incompetencia y de un eventual recurso ante el Tribunal Constitucional.
Hace una semana, el Gobierno aprobó el citado real decreto ley por el que se creaba el FROB, que tiene como objetivo regular las ayudas al sector financiero y «crear confianza en el sistema» frente a los «problemas que puedan surgir», y para que cumpla su «tarea esencial» de dar créditos. En uno de los puntos de este decreto, se establece que es el Banco de España el que tiene la potestad para intervenir, si es necesario, en los procesos de fusión o absorción de entidades financieras. En la actualidad, es necesaria la autorización administrativa de las comunidades autónomas.
Competencias autonómicas
El consejero andaluz de Gobernación, Luis Pizarro, explicó que los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía están estudiando si el citado decreto invade las competencias autonómicas. El consejero de Administración Pública y Hacienda de Extremadura, Ángel Franco, dijo que el Ejecutivo regional comparte el buen fin de esta norma, pero considera que invade las competencias de las comunidades autónomas en el apartado relativo a la regulación de los procesos de reestructuración de entidades de crédito.
Aparte de las comunidades autónomas, algunos partidos políticos, como CiU o ERC, explicaron que están estudiando a fondo si la nueva norma aprobada por el Gobierno es inconstitucional.En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, no comentó estos posibles recursos, y se mostró confiada en que el decreto se convalide en el Congreso el próximo miércoles con el apoyo de «varios grupos».
Mientras, el ex presidente del Gobierno Felipe González aseguró que él anularía el FROB para que «cada uno arreglara sus problemas» ante las «molestias» que su creación ha provocado en las citadas comunidades, que ven problemas de competencia. «(...) Ustedes no quieren que yo ponga 40.000 millones de euros de los contribuyentes, les molesta cómo los voy a poner y cada uno quiere hacer de su capa un sayo, pues no se molesten, no se agiten, no hagan recursos, que no haya peleas territoriales, porque no hay fondo», afirmó González durante su intervención en un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
Por su parte, el también ex presidente José María Aznar se mostró públicamente en contra del decreto del Gobierno. En su opinión, el FROB puede asegurar la impunidad de los gestores responsables de los problemas en sus entidades financieras, y sólo servirá para frenar la recuperación económica, por lo que defendió la conveniencia de de «dejar caer» aquellas entidades que resulten inviables.
José María Aznar fue muy crítico sobre todo con las cajas de ahorro, entidades lastradas por una «mala gestión politizada» que persigue «intereses inconfesables», por lo que se mostró favorable a la entrada «gradual» de inversores privados en la recapitalización de esas entidades públicas. El político conservador denostó la influencia del factor territorial, incluso por encima del factor económico, en el proceso de fusiones, algo que consideró «muy dañino» porque acentuará la «centrifugación» del Estado hasta incapacitarle para cumplir con las funciones «imprescindibles» que tiene asignadas.