La suspensión de pagos de la inmobiliaria Nozar, que de producirse sería la segunda mayor de la historia de España -con un pasivo de cerca de 4.000 millones de euros-, se dirimirá en un cara a cara judicial entre los representantes de la firma y los de Avalatransa, el acreedor que le reclama una deuda de 249.000 euros.
La vista entre las partes es obligada después de que los abogados de Nozar presentaran ayer, el día que finalizaba el plazo, un escrito en el que se oponían al concurso de acreedores instado por Avalatransa. Según manifestó ayer un portavoz de la empresa, las alegaciones se centran en demostrar la solvencia de la empresa para afrontar la deuda que tiene contraída y que, señalaron, están refinanciando con su banca acreedora.
Además, como segundo punto del recurso, la inmobiliaria que preside Luis Nozaleda argumenta que no existe ninguna deuda con Avalatransa (que ya había solicitado, sin éxito, el concurso de la inmobiliaria en marzo del 2008), y acusa directamente a esta empresa de estar envuelta en una presunta trama de «chantaje» de la que, según afirmaron, dieron ayer pruebas al magistrado que instruye el caso.