La Comisión Europea anunció ayer que ha iniciado una investigación «en profundidad» para esclarecer si la inyección de dinero público que ejecutó el Gobierno británico en el banco Northern Rock, uno de los más afectados por la crisis de las hipotecas basura de Estados Unidos, constituye un supuesto de ayudas de Estado contrarias a la normativa europea en materia de competencia y libre mercado.
En un comunicado de prensa, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, aclaró que la apertura de la investigación no significa que la Comisión disponga de momento de pruebas fehacientes de que el Reino Unido haya violado la legalidad comunitaria. Pero el mero anuncio de sus intenciones parece apuntar en ese sentido.
Hipotecas
Northern Rock es uno de los principales bancos británicos y su línea de negocio prioritaria es la concesión de hipotecas. En el año 2007 padeció una severa crisis de liquidez que hizo temer a muchos de sus clientes por su capacidad para garantizar sus depósitos, lo que llevó al Gobierno británico a presentar un plan de rescate y reestructuración de la entidad que incluía una provisión de 30.000 millones de euros mediante créditos del Banco de Inglaterra durante un plazo de cuatro años
Según aseguró ayer el portavoz de Kroes, Jonnathan Todd, para que las ayudas públicas de ese tipo sean compatibles con la normativa comunitaria deben cumplirse tres requisitos: que no afecten a la libre competencia, que garanticen la viabilidad de la entidad a largo plazo sin el apoyo estatal, y que su duración sea la mínima y estrictamente necesaria para estabilizarla, y nunca superior a los seis meses.
Seguridad jurídica
Bruselas asegura que su investigación pretende «garantizar la seguridad jurídica, teniendo en cuenta la importancia de las medidas adoptadas, del contexto actual en los mercados financieros y de los riesgos de distorsión de la competencia». «Queremos continuar nuestra cooperación con las autoridades británicas y con el resto de las partes», dijo Kroes en su comunicado.