El colectivo pide cambios en la financiación autonómica y la creación de otra cesta de impuestos
10 mar 2008 . Actualizado a las 02:10 h.El exceso de normas y de cambios en estas «produce una cierta inseguridad jurídica». Esta es una de las conclusiones a las que ha llegado el Colegio de Economistas de A Coruña, tras analizar los datos relativos a Galicia incluidos en el Informe sobre el Panorama de la Fiscalidad Autonómica, publicado por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) por séptimo año consecutivo. «La inseguridad jurídica a la que nos referimos nos afecta tanto a los asesores como a los ciudadanos-contribuyentes, pero especialmente a ellos, dado que la gran cantidad y diversidad de las normas y disposiciones que hay en las distintas comunidades puede provocar confusión, pues un contribuyente puede pensar que como en otra comunidad no se tributa, en la suya tampoco, y no es así», explica Roberto Pereira, decano del Colegio de Economistas de A Coruña.
Los expertos gallegos apuntan que «cuando se producen tantas modificaciones y tan seguidas, se hace muy difícil evaluar los efectos económicos que conllevan», y alertan de que los continuos cambios normativos incrementan también la presión fiscal indirecta y los costes administrativos de gestión.
Del informe de la REAF han obtenido otras conclusiones relativas a la situación de algunos impuestos, que -a su juicio- precisan modificaciones. Para el decano, «es importante que reflexionemos a nivel del Estado sobre qué modelo tributario queremos implantar, por un lado, para evitar la inseguridad jurídica, y por otro, para reducir la falta de equilibrio que existe entre las comunidades, ya que el mismo ciudadano, con los mismos ingresos, tributa de modo diferente en función del territorio en el que viva. Tenemos que preguntarnos si nos interesa que a nivel estatal se tribute por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD) de la misma manera -algo que ahora no ocurre- o si queremos que desaparezca el Impuesto sobre el Patrimonio (IP)».
En este sentido, Pereira insiste en que habría que optar por una «armonización» y establecer unos mínimos para todos en lugar de entrar en una «competición» entre comunidades para ver «quién da las condiciones tributarias más favorables».
Reformas urgentes
El Colegio de Economistas insiste en la necesidad de reformar con urgencia la financiación autonómica y local, lo que implica definir una nueva «cesta de impuestos en la que gane peso la participación en tributos estatales» como el IRPF, el IVA e impuestos especiales (IIEE) y se reduzca la importancia de otros, como el impuesto sobre transmisiones patrimoniales (ITP) o los actos jurídicos documentados (AJD).
Con respecto a estos dos últimos tributos, los expertos consideran que son «arcaicos y desfasados» y entienden que «entorpecen la realización de las operaciones económicas, con lo que dificultan el buen funcionamiento del mercado».
Igualmente recomiendan la «eliminación inmediata» del impuesto sobre el patrimonio, dados «los problemas que tiene y su relativa poca importancia recaudatoria». En este aspecto cabe recordar que tanto el Partido Popular como el PSOE llevan en sus programas electorales la supresión del citado impuesto, mientras que el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) reclama una moratoria en su desaparición.