El pleno del Tribunal Constitucional decidió el pasado 12 de diciembre admitir a trámite el conflicto de competencias presentado por la Xunta de Galicia en relación con el decreto que establece el procedimiento administrativo para la solicitud de autorización de instalaciones eólicas de generación eléctrica en el mar. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer la admisión a trámite del alto tribunal, que está firmada por la secretaria de justicia del pleno, Herminia Palencia Guerra. Tanto Vicepresidencia de la Xunta como la Consellería de Industria eludieron valorar ayer la decisión del Constitucional.
El Gobierno gallego presentó en noviembre pasado un conflicto de competencias por entender que el decreto del Ministerio de Industria que regula los parques eólicos marinos invade el ámbito de decisión gallego. La comunidad autónoma tienen entre sus atribuciones la de autorizar instalaciones eléctricas del régimen especial, entre ellas los parques eólicos de menos de cincuenta megavatios de potencia (en la práctica, la totalidad). El resto del parque de generación eléctrica es competencia del Ministerio de Industria.
En este contexto, la Xunta se sintió amenazada por los planes del departamento que dirige Joan Clos de instalar molinos en el mar, un área geográfica de competencia estatal. Tanto el Gobierno como el Parlamento gallego se han posicionado en contra de que Galicia cuente con este tipo de instalaciones. Por una parte, la plataforma costera gallega es demasiado profunda, por lo que los aerogeneradores solo podrían ser colocados en las rías, algo disparatado desde el punto de vista paisajístico y medioambiental. Galicia considera, además, que no tiene sentido instalar molinos en el mar, a un coste que duplica el de tierra, cuando la eólica tradicional aún tiene un largo recorrido y las operadoras se pelean por el reparto de potencia, limitado por cuestiones técnicas.
Por ello, la Vicepresidencia que dirige Anxo Quintana presentó un conflicto de competencias ante el Constitucional, que ahora ha sido admitido a trámite por el alto tribunal.
Escenario nuevo
El escenario, no obstante, ha cambiado notablemente desde noviembre. Entonces, la Consellería de Industria negociaba con Madrid la posibilidad de que Galicia cuente en el 2012 con 6.500 megavatios de potencia, algo que finalmente fue aceptado por el Gobierno central.
Posteriormente, en diciembre, el ministerio presentó el Estudio Estratégico Ambiental del Litoral Español, en el que se fijaban las áreas aptas para la eólica marina. En este mapa, Galicia quedaba al margen, salvo una pequeñas parcela en la Mariña lucense oriental y otra frente a Baiona. Fuentes de la Xunta mostraron entonces su satisfacción por esta exclusión, aunque decidieron mantener el recurso ante el Constitucional por entender que las competencias siguen amenazadas.