Al Gobierno de EE.UU. le preocupa que esas fuentes, entre las que hay activistas, periodistas y académicos, puedan sufrir represalias, incluida la pérdida de sus trabajos, persecución o violencia en su contra.
La empresa considera que el bloqueo podría obedecer al fallo de un juez que ordenó el cierre de varias páginas que difundieron correos electrónicos de funcionarios del Gobierno.
Se trata de tarifas ventajosas de las compañías telefónicas o precios reducidos que las compañías automovilísticas dedicadas exclusivamente a los parlamentarios.
El periodista teme que si es extraditado a Suecia pueda ser entregado después a EE.UU., donde podría ser procesado por delito de alta traición e incluso ejecutado por las revelaciones de su portal.
Los abogados de Assange presentaron el recurso el pasado 3 de marzo, una semana después de que el juez Riddle manifestara que no había razones para no extraditar al fundador de WikiLeaks.
Los amigos de Assange han emitido un vídeo para llamar la atención sobre las condiciones «excesivas e inhumanas» en las que vive el fundador de Wikileaks.