Mantiene que la decisión de clausura la proponga una comisión y la decida un juez de la Audiencia Nacional.
20 mar 2010 . Actualizado a las 02:00 h.El Gobierno aprobó ayer la Ley de Economía Sostenible que regulará, entre otras materias, las descargas de Internet y el posible cierre de las páginas web que permiten bajarse archivos protegidos por los derechos de autor, como películas, vídeos o juegos. La nueva normativa no ha sufrido modificaciones sustanciales con respecto al anteproyecto debatido por el Consejo de Ministros el pasado 8 de enero, que provocó una dura e intensa campaña en contra en la Red.
El punto más polémico de esta ley hace referencia a la creación de la Comisión de Propiedad Intelectual, dependiente del Ministerio de Cultura, cuya misión será la mediación, arbitraje y salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Será el órgano encargado de recibir las denuncias de entidades de gestión o de particulares que consideren vulnerados sus derechos de autor. Tras advertir al propietario de la web que debe retirar los contenidos o enlaces que permiten bajarse los archivos, si no lo hace, la comisión acudirá a la Audiencia Nacional para solicitar el cierre. Los jueces de los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo tendrán cuatro días para escuchar a las partes y decidir si se bloquea o no la página denunciada.
De esta forma, el Ejecutivo da por suficiente la modificación introducida en enero respecto al texto original, en el que no existía dicha tutela judicial. Ahora, tendrá que pasar por el Parlamento, junto al resto de la ley, donde podrá sufrir alguna modificación, ya que el Ejecutivo socialista necesita el apoyo de otros grupos para sacarla adelante. Se espera que sea aprobada antes del final del período de sesiones en junio.
Tras aprobarse la nueva normativa, deberá redactarse el reglamento que desarrolle, entre otras cosas, la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual. Aunque, según responsables del Ministerio de Cultura, estará integrada por un juez de prestigio y representantes de los creadores, de los consumidores y de los internautas.
Este precepto no ha contado con el beneplácito del Consejo Asesor de la Fiscalía del Estado, que hace un mes calificaba de «dudoso» que la protección de la propiedad intelectual «deba ponerse a la misma altura» que la del resto de los bienes jurídicos protegidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, como la seguridad pública, la defensa nacional, la salud pública o la no discriminación de las personas por razón de raza, religión, sexo u opinión.
Carga de trabajo
Además, el Consejo General del Poder Judicial consideró que esta ley significará una importante carga adicional de trabajo para la Audiencia Nacional, aunque el presidente de este órgano judicial, Ángel Juanes, minimizó lo estimado por el CGPJ.
Sea como fuere, la llamada ley Sinde, fruto del interés de la actual ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha provocado una auténtica movilización en Internet con ánimo de frenarla. Es más, en los últimos días, tras temerse la comunidad internauta esta aprobación, se han intensificado las protestas. Muchas páginas web y blogs han llevado a cabo un apagón en protesta y otras han vuelto a colgar en sus portadas el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, que ya se publicó cuando se conoció el anteproyecto. Además, asociaciones de consumidores han pedido al Gobierno que deje de criminalizar a los usuarios que realizan descargas en la Red.