El desarrollo del nuevo marco de ayudas a las personas dependientes camina a un paso mucho más lento del previsto inicialmente por el Gobierno central y por las propias comunidades. La falta de presupuesto -según denuncian las propias autonomías- y los cuellos de botella en la gestión burocrática han hecho que, a punto de concluir el 2009, exista una importante bolsa de potenciales beneficiarios que aún desconoce si tiene derecho a las prestaciones públicas. Concretamente, en Compostela y en los municipios de la comarca hay ahora -con datos actualizados al pasado 1 de octubre- 1.191 dependientes que están sin valorar, según la información oficial que maneja la Administración autonómica. Esta cantidad representa poco más del 9% del total que existen en Galicia, que supera los 13.000. Solo en el municipio compostelano, desde que entró en vigor la ley, se presentaron 1.624 solicitudes; actualmente hay hechas 1.304 valoraciones, un porcentaje importante (634 dependientes de grado tres, 244 de grado dos y 206 de grado uno), pero solo existen 330 que disponen de un Plan Individualizado de Atención (PIA), una cantidad realmente baja teniendo en cuenta que el número de grandes dependientes supera las 800 personas.
Esta desproporción entre las personas valoradas, con independencia de su grado de discapacidad, y el número de programas de atención individualizada concluidos -desequilibrio que se produce en una gran parte de los ayuntamientos- evidencian los retrasos que se están registrando en la aplicación de la ley de dependencia impulsada por el Ejecutivo socialista, cuya gestión compete a las comunidades autónomas.
En Galicia, la conselleira Beatriz Mato, responsable de los servicios sociales, asegura que la Xunta hará en el 2010 un esfuerzo inversor importante, pero ha alertado de que Galicia precisaría en ese ejercicio la mitad del presupuesto estatal (unos mil millones) para atender toda la demanda de dependientes. Según la información que se incluye en los presupuestos autonómicos, la estimación hecha por Facenda calcula que durante el 2010 la Xunta podrá atender a 12.000 nuevos dependientes, un tercio de los que están a la espera.
La situación sobre el desarrollo de la nueva ley ha dado alas a la oposición a lanzar sus críticas sobre la gestión del PP. Desde el PSdeG recuerdan que Feijoo, durante la campaña electoral, prometió que en los 120 primeros días de Gobierno todas las personas que presentaron su solicitud estarían valoradas. Según denuncian los socialistas, hoy hay 13.419 personas sin valorar en la comunidad, a las que se suman 16.870 dependientes sin prestaciones (de los que una gran parte, según el PSdeG, son grandes dependientes). La oposición también cuestiona que la nueva Xunta prometiera que, en solo cien días, reduciría en una cuarta parte el tiempo que se necesita en la actualidad para tramitar y resolver las prestaciones que precisan los demandantes, un objetivo que no se ha cumplido.