Declara secreto un sumario sobre actos en los que «estarían implicados» un edil «sin descartar al alcalde»
05 ago 2009 . Actualizado a las 10:43 h.El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago, Javier Míguez Poza, ha ordenado a una brigada del Cuerpo Nacional de Policía especializada en irregularidades económicas que, secretamente, investigue en el Concello una supuesta «trama de favorecimiento a unas empresas, pudiendo ser los hechos constitutivos de varios delitos, entre otros, de falsedad, prevaricación, estafa y tráfico de influencias».
Mediante un auto fechado a 3 de agosto al que La Voz tuvo acceso ayer, el magistrado relaciona esta causa con varias concesiones de contratos «en las que determinados cargos públicos, entre ellos y sobre todo el concejal de Obras [el socialista Bernardino Rama], y sin descartar al propio alcalde de la ciudad [Xosé A. Sánchez Bugallo], estarían implicados».
De testigos a quizás imputados
A instancias del regidor y del fiscal, el togado había abierto en mayo unas diligencias previas con motivo de la adjudicación en favor de Montebalsa S.?L. de una reforma del polideportivo Quiroga Palacios. En el marco de dicho procedimiento, el pasado jueves iban a declarar ante su señoría, producto de una imputación formal, el hasta hace tres semanas jefe del Servicio de Obras del Ayuntamiento, Tomás Rivas, Sánchez Bugallo en calidad de demandante y Rama como conocedor del tema, entre otros. Pero, a raíz de una denuncia formulada por el edil del PP Ángel Espadas, los interrogatorios quedaron suspendidos apenas unas horas antes que fuesen a celebrarse. ¿Por qué? Porque los actos «de los que tendría que responder Tomás Rivas podrían ser muchos más» y porque «la condición procesal de algunos citados como testigos o perjudicados pudiera cambiar, amén de ampliarse la necesidad de la declaración como imputados a otros», reza el auto de anteayer. O sea, las pesquisas han dejado de girar en torno a una sola persona y a un único asunto.
«No estamos -aclara la resolución de anteayer- como al principio de este procedimiento ante un caso aislado, sino que ahora se denuncia toda una trama». Y prosigue: «Pudiera ser que los hechos quedaran en meras sospechas y que no se determinara al final responsabilidad penal, pero es la obligación de un instructor averiguarlo».
Evitar que manipulen pruebas
Míguez Poza, en la práctica, ha venido a poner a cero el contador, a incoar una especie de sumario nuevo. Además, ha decretado el secreto de este «para que no se frustre el buen fin de la investigación, porque los hechos presuntamente delictivos cometidos por cargos públicos, de resultar ciertos, son de extrema gravedad, tanto por las personas que pudieron cometerlos, al ser algunos de ellos representantes de los ciudadanos, como por lo habitual que parece empiezan a ser tales conductas en la nación española».
Asimismo, el magistrado justifica su postura de mantener las pesquisas alejadas de la opinión pública apelando a que, si no lo hiciera, los políticos y funcionarios objeto de análisis «podrían utilizar su posición privilegiada en relación a los expedientes en el curso de la instrucción para ocultar, tergiversar o manipularlos, amén de la influencia en los testimonios de las personas que tendrían que declarar ajenas a los partidos». «La policía judicial especialista en este tipo de actuaciones delictivas requiere del tiempo necesario para que su labor se desarrolle sin la presión o influencia de las partes que pudieran personarse o de los imputados que vayan declarando», apostilla.
Antes de sugerir a esos agentes pautas concretas, sin embargo, el titular de la sala quiere entrevistar hoy a Espadas «al objeto de ratificarse» en sus revelaciones «y concretarlas», «así como [para] exponer las sospechas que refiere con los todo tipo de datos que pudiera aportar».