El Gobierno oficializa su decisión de encargar el vial a dos empresas del área de Compostela y a una filial de Dragados
30 may 2008 . Actualizado a las 02:00 h.Fomento confirmó ayer, a través del Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), la noticia sobre el túnel de Galuresa que La Voz había adelantado el pasado día 20: de materializar ese vial se ocupará una unión temporal de empresas (UTE) participada al 50% por Estructuras y Montajes de Prefabricados, adscrita al orosino Grupo Puentes. Asimismo, la integrarán, ambas con un 25% del capital, la filial de ACS-Dragados llamada Geotecnia y Cimientos (Geocisa) y una sociedad domiciliada en Touro: Francisco Gómez y Cía. Encomendando los trabajos a estas tres compañías, el ministerio se va a ahorrar prácticamente diez millones.
Con fecha del 22 de mayo, el departamento que dirige Magdalena Álvarez (PSOE) adjudicó de manera formal la ejecución del subterráneo del Hórreo a la UTE antes referida. De entre las 27 opciones que manejaba, fue a elegir la más rápida, pero también la vigésima más cara. Con todo, abonará a la contratista una cantidad un 31,1% inferior a los 30.262.353 euros que inicialmente había consignado; o sea, desembolsará 20.875.000.
De acuerdo con el contenido de la propuesta seleccionada, las obras durarán 28 meses. En enero, estas salieron a subasta pública con un plazo tope de 41, a pesar de que los propios expertos consultados por el Gobierno central habían prescrito que podían despacharse en dos años o incluso menos. El Ejecutivo las sacó a concurso con un horizonte tan lejano por razones únicamente presupuestarias, para dilatar el proceso de pago. Pero ahora, gracias a la sustancial rebaja económica que ha obtenido y a que no existen impedimentos técnicos para ello, se halla en disposición de pactar con la UTE un reajuste a la baja del calendario, por ejemplo, de un cuatrimestre. De hecho, el alcalde, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, viajará a Madrid dentro de un par de semanas para, esgrimiendo dicho argumento, intentar persuadir a Fomento de que negocie con ese objetivo.
En cualquier caso, el reloj no comenzará a correr hasta que el ministerio encargue a una firma privada el control y vigilancia de las actuaciones sobre el terreno, un trámite que se demorará cuando menos hasta octubre.