El derribo del tanatorio Montecelo deja a la ciudad con solo cinco salas
PONTEVEDRA
Los propietarios deberán pagar a la Xunta cerca de 200.000 euros por los trabajos de demolición
12 ago 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La espada de Damocles que pesaba sobre el tanatorio Montecelo se desplomará hoy sobre las ocho salas mortuorias al ejecutarse la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que declaró que el edificio se levantaba sobre «suelo rústico no urbanizable».
A las diez de la mañana las piquetas entrarán en las instalaciones para convertir lo que ayer era una infraestructura con 15 años de servicio en un amasijo de escombros. La ciudad se queda ahora solo con las cinco salas del tanatorio de San Mauro. Desde principios de mes intentaron sin éxito hasta el pasado lunes paralizar el decreto de demolición.
La Xunta obliga a los propietarios -Alianza y Barros, Central Funeraria y Pompas Fúnebres- a asumir los costes del derribo, que se prevé que ronden los 200.000 euros, según la primera estimación que la Administración trasladó a las funerarias. Sin embargo, los dueños no se quedarán parados y antes de solicitar «con la ley urbanística en la mano que se levante un nuevo tanatorio en el mismo lugar», reclamarán a Santiago el valor del inmueble derribado, el lucro cesante que obtendrían de la actividad ordinaria y el abono de la demolición. «Se está peritando, pero será un coste muy elevado... millonario», señaló la abogada de los propietarios, Nair Fernández, quien ayer indicó que «nos da igual sí es competencia de la Xunta o del Concello legalizar la autorización previa, pero ahora con la normativa urbanística gallega, los equipamientos públicos y privados pueden levantarse en suelo rústico».
Esta es la baza que jugarán las tres funerarias para poder volver a levantar el tanatorio, al que el Concello concedió una licencia en 1994, después de que Política Territorial le otorgase un año antes la autorización para levantarlo.
A última hora de la mañana de ayer, el alcalde de la ciudad , Fernández Lores, y la concejala de Urbanismo, Teresa Casal, se pusieron en contacto con los propietarios para mostrar su comprensión con una situación que a pesar de reconocer como «injusta», aseguran que no pueden hacer nada para evitarla.