Medio centenar de GRS equipados con material antidisturbios blindaron los accesos al poblado marginal de Poio
11 may 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Pasadas las seis y media de la mañana de ayer, varias decenas de agentes de la Guardia Civil tomaron el poblado de O Vao. Era la culminación a medio año de investigaciones encaminadas a desarticular lo que suponen es un punto negro de venta de estupefacientes.
Mientras medio centenar de miembros del Grupo Rural de Seguridad, equipados con material antidisturbios, blindaban los accesos al asentamiento gitano, sus compañeros de la Comandancia procedía a detener a cuatro miembros de una misma familia. Al frente de este supuesto clan, los investigadores sitúan a María Dolores Jiménez Gabarre, La Coneja. Junto a ella, cayeron su marido, Carlos Jiménez, una de las hijas del matrimonio y su yerno.
Estas cuatro personas fueron realojados en el barrio de Monte Porreiro, en concreto en la calle Portugal, viviendas que tuvieron que abandonar debido a las protestas vecinales que arrancó esta decisión política.
Además, con antelación, fueron detenidos otros dos individuos que, en principio, no mantienen vínculos familiares con el resto de arrestados y cuya identidad no ha trascendido.
Esta primera fase se llevó a cabo de forma sorpresiva y muy rápida, tal vez para evitar la reacción de otros residentes en el poblado. Así, en apenas unos minutos, los sospechosos eran esposados, introducidos en vehículos policiales y conducidos a la Comandancia.
Una vez finalizado este primer escalón, los agentes desplazados hasta el asentamiento realizaron un intenso registro de, al menos, cuatro chabolas, que se extendió hasta pasadas las once y media de la mañana, momento en el que se dio por concluida la redada. En todo momento, los guardias civiles estuvieron acompañados por personal del juzgado que instruye esta causa.
Heroína y cocaína
Los agentes se incautaron de cantidades significativas de heroína y cocaína. En este sentido, las fuentes consultadas reseñaron que es lo habitual en este tipo de operaciones encaminadas a erradicar el trapicheo, toda vez que este tipo de camellos no suelen ocultar en sus viviendas importantes cantidades de droga dadas las repercusiones penales que podría tener esta circunstancia.
En todo caso, consideraron que las pruebas recabadas durante los meses de investigación son suficientemente incriminatorias y, presuntamente, concretan las personas y las chabolas desde las que se realizaban las transacciones. Entre estas pruebas, al parecer, se encuentran varias grabaciones videográficas.