El PP afirma que se pretende restaurar la censura, mientras que la industria pide más dureza
CULTURA
La ola de protestas en contra de la ley antidescargas del Gobierno ha dado ánimo a los partidos de la oposición. El rechazo de los internautas fue apoyado ayer por el PP. Así, el secretario de Comunicación, Esteban González Pons manifestó que la intención del Ejecutivo de cerrar páginas web sin orden judicial supone «restaurar la censura».
No se puede cerrar ni limitar el acceso a una página web sin autorización judicial. Son medios de comunicación, aunque sean páginas individuales. Son susceptibles de ser visitadas por millones de personas. Es un secuestro gubernativo de un medio de comunicación», afirmó el portavoz popular.
También expresaron su rechazo al anteproyecto de ley los grupos parlamentarios catalanes de CiU y ERC, que coincidieron en destacar que el Ejecutivo trata de regular la lucha contra la piratería en Internet «por la puerta de atrás». «Ahora, el Gobierno pretende introducir una enmienda en el proyecto de ley de economía sostenible que no da pie al debate, cuando el lugar adecuado para regular este asunto es la Subcomisión del Congreso», señalan desde el partido nacionalista.
Apoyos a la ley
Pero el proyecto del Gobierno también cuenta con apoyos, aunque estos están situados entre los autores y artistas que sufren directamente sobre sus carnes el problema de la piratería en la Red. Posiblemente a la cabeza de este grupo de presión se encuentre la industria cultural, que es la que está notando más directamente en sus cuentas esta práctica.
Así, la asociación Promusicae (Productores de Música de España) respalda la normativa, incluso medidas más drásticas, como perseguir a los usuarios de programas de intercambio de archivos P2P que pirateen contenidos, tal y como sucede en países como Francia, el Reino Unido o Japón.
Y la Coalición de Creadores e Industria de Contenidos, que llevó las negociaciones con el Gobierno, considera que la norma se adapta a la legislación de la Unión Europea. «¿Qué abogado estaría en contra de cerrar una tienda ilegal? Eso es al fin y al cabo lo que promulga la ley», sostuvo el portavoz de la asociación, Joan Navarro.