El juzgado de lo mercantil de Vigo es el que más asuntos tramita de Galicia

El reciente problema surgido en el juzgado de lo mercantil en Vigo porque el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) agotó el presupuesto para contratar a un sustituto para reemplazar al juez que está de baja paternal pone en evidencia las tribulaciones por las que pasa el tribunal de la mayor ciudad industrial de Galicia. El único juez de esta especialidad de Vigo no solo tramita el mayor número de asuntos de esta materia en la comunidad autónoma sino que también es el que más sentencias, autos y decretos dicta. El único juzgado de la ciudad que estudia litigios sobre la actividad empresarial sufre mayor carga de trabajo que la suma de los otros dos de la ciudad de Pontevedra.

En la provincia hay tres tribunales de lo mercantil pero solo uno tiene su sede delegada en Vigo. Fue el último en crearse pero actualmente absorbe casi el 60 % de la carga de trabajo de la provincia. La razón parece obvia: Vigo concentra varios polos industriales y zonas residenciales de O Val Miñor. La crisis del 2008 arrastró al concurso de acreedores a gran parte de su sector inmobiliario, de la construcción y las promotoras, a las auxiliares del naval, dejó al borde de la quiebra a grandes astilleros que luego se salvaron, y en los últimos años, golpeó a la actividad de servicios e incluso a centenarias instituciones de ocio como el Real Club Náutico.

El año 2016 supuso un respiro en la entrada de quiebras, aunque aún así el juez declaró 40 concursos de acreedores. Se trata de una de las cifras más bajas de Galicia pero la carga de trabajo siguió siendo alta porque tuvo que atender 686 asuntos que nada tenían que ver con las quiebras ni las suspensiones de pagos. Por ejemplo, más de un centenar de casos eran reclamaciones promovidas por los hipotecados contra las cláusulas suelo, asunto que luego se traspasó a los juzgados de primera instancia. A esto se sumó otro centenar de reclamaciones de pasajeros de avión contra su compañía por cancelar un vuelo, por los retrasos o por extraviar el equipaje.

La reciente memoria de la actividad judicial del 2016 publicada por el TSXG revela la realidad sobre el juzgado de lo mercantil número 3 de Vigo, con sede en Vigo. Tramitó 726 asuntos el ejercicio pasado, casi tantos como los dos de A Coruña juntos y más del doble que el conjunto de Pontevedra.

La actividad es tal que un único juez de Vigo resolvió 878 asuntos el pasado año, superando a todos los demás de Galicia. Los dos tribunales asentados en Pontevedra solo dictaron en conjunto 662 resoluciones, 226 menos. A día de hoy, Vigo genera el 57 % de las sentencias sobre asuntos mercantiles de la provincia. Algo que los profesionales de la judicatura ya sospechaban.

El juez dictó en el 2016 un total de 345 sentencias, 180 autos y 353 decretos. En concreto, el número de decretos es el mayor de Galicia (63 más que el siguiente), el de sentencias ocupa el segundo lugar y el de autos es el tercero.

Pese a esta elevada carga de trabajo, el tribunal pasará cuatro meses con su capacidad resolutiva anulada por falta de presupuesto. El juez actual está de baja paternal hasta mediados de octubre y el TSXG comunicó que carece de dinero para contratar a un juez sustituto porque el Ministerio de Justicia no le puede proporcionar una partida mayor. Los trámites rutinarios son firmados por la jueza del Registro Civil pero ella pertenece a otro ámbito jurisdiccional y no puede estudiar materias concursales ni celebrar juicios.

Las cinco sesiones de vistas fijadas para septiembre se están suspendiendo escalonadamente. A lo sumo, a su regreso en octubre, el juez titular podría firmar cinco sentencias a lo sumo, por lo que es previsible que Vigo pierda en el 2017 su puesto en el ránking del tribunal más resolutivo en su materia.

Las cifras del TSXG revelan que la ciudad no cuenta con un equipamiento judicial proporcional a su actividad empresarial. No solo se trata de la industria, sino que la banca también tiene sede en Vigo y las compañías aéreas, que tantas reclamaciones generan, operan desde la ciudad. Por lo menos, el mercantil no deberá hacerse cargo de las sobreventas de las navieras a las Cíes por ser el billete perdido de escasa cuantía (17 euros).

Tres juezas vigilan que casi 1.500 condenados cumplan sus penas de cárcel, multas o trabajo social

Tres juezas de lo penal de Vigo controlan que 1.476 condenados cumplan sus penas de cárcel, de trabajos sociales o paguen sus multas hasta el último céntimo. Estas vigilancias de los cumplimientos penitenciarios pueden prolongarse durante años y, a veces, detectan fugas como la del jefe de Las Cinco Jotas, José Manuel Costas, que nunca llegó a presentarse en A Lama.

No solo se trata de controlar los permisos y calcular la fecha de salida de la cárcel sino también hay que vigilar que aquellos que hayan logrado que la jueza les suspenda la condena no vuelvan a delinquir en un período de dos o más años. En caso de cometer algún delito nuevo, tendrían que ingresar en prisión y toda la maquinaria judicial se pondría en marcha.

El seguimiento de las ejecutorias ha supuesto un dolor de cabeza para los juzgados de lo penal de Vigo durante muchos años debido a la elevada suma de expedientes que tenían que controlar entre solo tres tribunales. Incluso se llegó a barajar que se crease un cuarto tribunal que estaría especializado en el seguimiento de estas condenas, propuesta que nunca prosperó. En algunos años se llegó a los 2.000 controles de penados.

Poco a poco se ha ido reduciendo el número de expedientes abiertos. Al comenzar el 2016 había 1.600 vigilancias en marcha y entraron otras 1.813 pero al acabar el año se redujeron en 300 casos. Por otra parte, los funcionarios certificaron que 3.420 condenados habían cumplido su castigo el año pasado.

Una razón del descenso de ejecutorias es que ahora el acusado y el denunciante firman muchas conformidades. El procesado pacta con el fiscal una sustancial rebaja de su condena para que la jueza suspenda su ejecución y eluda el ingreso en prisión. Por eso, se acuerdan penas más cortas de dos años, que no implican la entrada entre rejas. Esto hace que el período de control de las ejecutorias se reduzca porque decenas de expedientes solo duran ahora unos meses.

Otra clave es que para alcanzar las conformidades, el acusado suele indemnizar a la víctima e ingresa el dinero en el banco unos minutos antes de entrar el juicio. De esta manera, los seguimientos de pagos de compensaciones y multas también se han reducido sustancialmente.

Lo que refleja la estadística es una caída continuada de las ejecutorias a pesar de que los casos juzgados se mantienen en las mismas cifras. Por ejemplo, el 2013 finalizó con 1.800 ejecutorias pendientes y registró 1.122 juicios. En el 2016, el número de vistas penales fue de 1.112, similar al de tres años antes.

Más de 3.000 conciliaciones laborales al año

Los letrados de la Administración de Justicia de los juzgados de lo social de Vigo celebraron 3.027 actos de conciliación entre trabajadores despedidos y su antigua empresa en el 2016, según señala la memoria del TSXG. Las partes acudieron a una vista en el despacho del secretario y se limitaron a firmar el acuerdo de la indemnización. Este número es el segundo mayor de Galicia, solo superado por A Coruña con 3.681 conciliaciones.

En Vigo hubo 5.570 pleitos laborales el año pasado y quedaron pendientes de resolver 2.871.

Las solicitudes de nacionalidad caen a la mitad

El juzgado exclusivo de Registro Civil de Vigo tramitó en el 2016 un total de 434 expedientes de nacionalidad, lo que supone el 64 % de las solicitudes presentadas por los extranjeros en Galicia. En el 2015, se tramitaron 610

expedientes promovidos por forasteros. Son cifras mucho menores que los casos registrados hace cuatro años, en el 2013, cuando se estudiaron 840 peticiones en la ciudad. En apenas un lustro, las peticiones se han reducido a la mitad. Una razón puede ser la reforma legal que obliga a superar un test de cultura española.

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