Cardama se juega su futuro: Uruguay valora rescindir el contrato de las patrulleras antes de activar un nuevo pago
VIGO
El día 15 vence el plazo para que el Gobierno de Orsi habilite otro crédito, imprescindible para que el astillero de Vigo continúe con la construcción. La auditoría de Bureau Veritas considera satisfactorio el trabajo hecho por la empresa gallega hasta ahora, pero duda que pueda cumplir los plazos de entrega
10 feb 2026 . Actualizado a las 00:07 h.El astillero vigués Cardama afronta una semana decisiva para su futuro. El Gobierno de Uruguay debe resolver en los próximos días si rescinde definitivamente el contrato para la construcción de dos patrulleras o si, por el contrario, activa un nuevo pago que permitiría continuar con el proyecto. El 15 de febrero vence el plazo para que el Ejecutivo de Yamandú Orsi habilite un nuevo crédito vinculado al contrato, un movimiento clave para garantizar la continuidad de los trabajos.
La decisión llega en un contexto de máxima tensión entre ambas partes. Desde octubre, el Gobierno uruguayo ha ido deslizando su intención de romper el acuerdo alegando supuestos incumplimientos e «indicios de fraude» en la adjudicación del anterior ministro de Defensa. La auditoría técnica encargada por el propio Ejecutivo a la consultora internacional Bureau Veritas ha validado la calidad de construcción de los buques, aunque cree que el astillero no podrá cumplir los plazos de entrega las dos patrulleras, según informan fuentes conocedoras del pedido. El informe confirma que los materiales, soldaduras y procesos se ajustan a los estándares exigidos. La conclusión sobre la calidad de los trabajos coincide con el análisis que había llevado a cabo la clasificadora Lloyd's, referente para la industria naval militar. Añade un nuevo elemento de presión a la decisión que debe tomarse esta semana.
La rescisión del contrato supondría un golpe severo para Cardama, que ya ha iniciado acciones para defenderse y que se juega el mayor pedido de su centenaria historia. Uruguay ha invertido aproximadamente un 30 % del valor total del contrato, unos 30 millones de dólares, según fuentes oficiales. Para el mes de marzo, está prevista una audiencia de conciliación, paso previo al emprendimiento de medidas legales. En un comunicado emitido el pasado octubre, la fabricante naval señaló que las declaraciones públicas emitidas por miembros del Gobierno de Orsi «han generado un impacto reputacional negativo e injustificado para el astillero, afectando también la percepción de confianza entre nuestros proveedores locales e internacionales». La empresa de Vigo se sintió perjudicada por poner en cuestión su capacidad productiva.
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No parece que sea la opción preferente, pero la activación del nuevo pago permitiría al astillero continuar con la construcción y ganar tiempo mientras se resuelve la disputa jurídica y política en Montevideo. El presidente uruguayo podría tomar una decisión en las próximas horas, a la vuelta de un viaje que le ha llevado a China.