En 1882 fueron amenazados con embargos y multas los progenitores de dos vigueses que quisieron evitar el servicio militar
01 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.Robustiano Maneiro Soto no estaba dispuesto a pasar tres años de su vida vestido de militar y huyó a Argentina. Había sido seleccionado en el sorteo anual que realizó el Concello de Vigo a finales de 1881 para designar a los jóvenes que debían realizar el servicio militar. Según la ley de reclutamiento y reemplazo de 1878, el servicio era de seis años, aunque de forma efectiva se reducía a tres. Entre los muchachos declarados «útiles» se elegía a una quinta parte; aquellos quintos, como fueron conocidos los desafortunados jóvenes, cargaban con el peso de la milicia sobre sus hombros.
El 11 de mayo de 1882, la madre de Robustiano, María Soto, dirigió una instancia al Concello solicitando una prórroga de cinco meses para intentar que su hijo regresara e ingresara en el ejército o, en su defecto, «redimirlo». De no lograrlo, ella misma debería asumir una cuantiosa multa.
En aquel entonces, los quintos podían evitar el servicio por dos vías, ambas basadas en el pago de grandes sumas de dinero. Por un lado estaba la redención, que consistía en pagar al Estado unas 1.500 pesetas, suma equivalente a más de un año de salario de un trabajador cualificado; algo inalcanzable para la mayoría. La otra vía era la sustitución: otra persona ocupaba el puesto del recluta a cambio de un pago. Sin embargo, esta puerta se estrechó todavía más a partir de 1882 cuando, en un intento de «democratizar» la medida, solo se permitió la sustitución entre hermanos.
En el siguiente pleno municipal, el procurador síndico vigués concedió a María Soto una prórroga de tres meses. No obstante, Robustiano sabía que si regresaba voluntariamente, el castigo por su fuga consistiría en cuatro años de servicio en ultramar. Su destino serían las selvas de Filipinas, combatiendo a los rebeldes locales, o las trochas cubanas, bajo el acecho de los independentistas.
La decisión de Robustiano no era sencilla. Desde que en el siglo XVIII se implantó el servicio militar obligatorio —entonces llamado «tributo de sangre»—, las autoridades multaban y embargaban los bienes de los padres de los prófugos para forzar el cumplimiento de la ley. Otra opción desesperada para escapar de los cuarteles era la automutilación, lo que convertía al joven en «inútil» para el servicio.
La figura del prófugo generaba rechazo social, especialmente en núcleos pequeños. Al huir uno, otro joven al que la suerte había sonreído originalmente debía cubrir su plaza. Por ello, los prófugos solían escapar lejos por miedo a ser denunciados por las familias de sus sustitutos. Los destinos habituales eran Portugal, por proximidad; América, por la esperanza de una nueva vida; o Madrid, donde era más fácil cambiar de identidad y encontrar trabajo.
En el reemplazo de 1882 hubo otro caso: José Lago Álvarez. Su padre, José Lago Veiga, también solicitó una prórroga para detener la multa mientras intentaba averiguar si su hijo seguía vivo. Finalmente, en septiembre de aquel año, la madre de Robustiano logró reunir y pagar las 1.500 pesetas. Así, detuvo el embargo de sus bienes y se libró de las acciones penales. El otro implicado, José Lago, también pagó para cerrar su expediente.