El Tribunal Supremo no admite el recurso municipal contra el fallo anterior del TSXG que avaló el cobro de las tasas de obra impuestas por la mejora de la reserva de agua de la ciudad
09 may 2025 . Actualizado a las 01:29 h.El Ayuntamiento de Vigo tendrá que pagar algo más de un millón de euros a la Xunta al ratificar el Tribunal Supremo que las obras realizadas por la Administración autonómica en la presa de Eiras dan derecho al cobro de un canon anual a las arcas municipales. La sección primera de la sala de lo contencioso administrativo del Supremo falla en contra de la intención del Concello vigués de que se corrigiese la sentencia anterior del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en la que se avaló el cobro de una tasa autonómica por la mejora y automatización de la presa. El alto tribunal no admite a trámite siquiera el recurso «por carecer el recurso del exigible interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia». Añade el Supremo que «a pesar de que el Ayuntamiento recurrente intenta formular una cuestión con apariencia de generalidad, es manifiesto que el recurso no ofrece ningún interrogante interpretativo de las normas cuya infracción denuncia y que requiera un pronunciamiento de esta sala».
Tras indicar que la maniobra legal del Concello no tiene «interés casacional», el Tribunal Supremo impone al Concello olívico también el pago de las costas del proceso, con una limitación de mil euros y decreta el archivo del recurso y la firmeza de su fallo, y por tanto del emitido por el TSXG, no dejando lugar a nuevas alegaciones.
Tras obtener la razón jurídica en el contencioso que lleva años enfrentando a las dos administraciones, la Xunta valoró como positivo el fallo al tener que «pagar el Ayuntamiento de Vigo las deudas en las que ha incurrido desde el 2015 por la gestión de la presa de Eiras. El Supremo le niega la última acción para dilatar el pago, y de esta forma, por fin volverá al erario público, y consecuentemente a los gallegos, las cantidades invertidas en la explotación que el consistorio se negaba a pagar», expresa la Consellería de Medio Ambiente. El millón de euros que ahora deberán afrontarse desde las arcas municipales corresponden a los ejercicios del 2015 y 2016.
El contencioso comenzó al negarse el Concello a acatar una resolución de Facenda del 2021 en la que reclamaba pagos para compensar los costes de la inversión que soportó la Administración autonómica entre el 2010 y el 2012 en la mejora y automatización de la presa y los gastos de explotación y conservación de dichos sistemas que zanjaron el peligro de ruina de un tramo del canal que conllevaría un corte en el suministro de agua a la mayoría del término municipal y parte de su área metropolitana.