En el barrio de Lavadores hay residentes que se arrepienten ahora de haber puesto la demanda
26 nov 2021 . Actualizado a las 22:57 h.«No queríamos que le tiraran la casa». Vecinos de Lavadores se arrepienten ahora de haber denunciado el cierre de una casa de la calle Brea, cercana a la avenida del Aeropuerto, en la que reside un matrimonio con dos menores. El Concello comprobó que todas las obras realizadas eran incompatibles con el ordenamiento urbanístico y ordenó la demolición general de lo construido. La polémica estalló por un cierre que disgustaba a los vecinos. Los residentes del entorno entendían que estaba usurpando terreno del vial público que se usaba como lugar de paso o para aparcamiento. Los propietarios sostenían, en cambio, que esa franja de terreno les correspondía y siguieron adelante con la obra. Han puesto un cartel de prohibido aparcar.
La disputa acabó en una denuncia vecinal que se les fue de las manos. El Concello abrió un expediente de disciplina urbanística. Los técnicos municipales inspeccionaron los trabajos realizados y concluyeron que todo era ilegal. La Gerencia de Urbanismo dictaminó que la construcción de la vivienda unifamiliar sin ajustarse a la licencia concedida y la alteración de la rasante del terreno con movimientos de tierra, así como la construcción de muros de contención sin permiso «son incompatibles co ordenamiento urbanístico».
En consecuencia, ordenó al propietario que construyó la casa a su demolición y la restauración de la parcela a su estado primitivo. Eso fue hace ya dos años. El hombre intentó por todos los medios salvar su casa de la piqueta, pero no tuvo éxito. Primero intentó legalizarla pidiendo una licencia que amparase todo lo construido. Como no obtuvo respuesta municipal, entendía que se la habían concedido por silencio administrativo. Acudió a los tribunales para que se condenara al Concello a expedir la licencia de legalización. El juez no les dio la razón e incluso criticó la táctica de provocar silencios administrativos «y obtener réditos de los mismos». «No hay silencio de clase alguna en procedimientos incoados de oficio como el de reposición de la legalidad urbanística, por lo que el Concello no estaba obligado a extender ningún certificado», reza la sentencia. Contra este fallo judicial, el interesado presentó un recurso de apelación que también fue desestimado por el TSXG. El Tribunal Supremo tampoco admitió el recurso de casación interpuesto contra dicha sentencia.
La Gerencia de Urbanismo ha acordado esta semana desestimar el recurso de reposición que presentó el propietario de la vivienda contra el acuerdo que le ordenaba derribar su casa. En primer lugar insistía en que entendía otorgada la licencia por silencio administrativo al no haber recibido ninguna notificación a su solicitud de licencia de legalización. Acusaba además al Ayuntamiento de no tener buena fe por tratar de ejecutar un expediente de disciplina urbanística sin la tramitación previa de la licencia de legalización, «e iría en contra do proceder que tivo esta administración en outros supostos similares».
Alegaciones desestimadas
Frente a las alegaciones, la administración responde que siguió el procedimiento previsto en la Ley de Solo de Galicia de ordenar la demolición de las obras por no ajustarse a la licencia. Sobre la vulneración del principio de buena fe, desde el Concello aclaran que, en el momento de ordenar la demolición, «non había constancia expresa da tramitación dunha nova legalización». Se remiten a las resoluciones judiciales dictadas al respecto, que desestiman las pretensiones del interesado. También recuerdan que en este caso no se llevó a cabo ningún acto de ejecución forzosa antes de que se dilucidasen todos los conflictos surgidos en el expediente de las licencias, «polo que non pode entenderse que se producise tampouco ningun trato desigual e prexudicial para o interesado».
La orden de demolición permanecía suspendida mientras no se resolviera el recurso. Tras desestimarlo, el Concello ha dejado sin efecto esta suspensión, confirmando de nuevo la orden de derribo. Frente a esta resolución, los interesados tienen dos meses para ir al juzgado.
«No nos parece justo que le tiren la vivienda por un retranqueo que está mal hecho»
La asociación de vecinos de Lavadores se solidariza con el propietario afectado por la orden de derribo de su vivienda y le brinda su apoyo. El secretario de la entidad, José Pucho Domínguez, aseguró ayer que la casa vecinal tiene las puertas abiertas para ayudarle a buscar una solución. «Me partiría el alma que tuvieran que tirarles la casa. Es un trabajador y debemos hacer lo posible para que esto no suceda», señaló ayer este representante. En su opinión, lo más justo sería que, ante una infracción, «le apliquen la sanción correspondiente, pero no tener que demoler la vivienda en la que vive con su familia».
El clima ahora está enrarecido en la calle Brea. La familia que construyó la vivienda sin adaptarse a la licencia concedida se relaciona poco con el vecindario. «No nos hablan», comentaba una vecina. Personas del entorno pensaban que el asunto ya habría quedado archivado. «Quiso cerrar pegado al camino y los vecinos le pusieron una denuncia», comentaba ayer una mujer de la zona. «Al final parece que no tenían los papeles en regla y luego los denunciantes estaban arrepentidos porque no querían dejarle sin casa».
Con la denuncia, solo buscaban que retranquease la propiedad. «Total por medio metro de tierra la que se montó», comentaba. Afirma que el propietario «es un chico relativamente joven, trabajador y nadie quiere hacer tanto daño». Por su parte, el propietario denunciado no quiso hacer ningún tipo de declaración sobre el problema que tiene con su vivienda. Al parecer, desconoce que los vecinos se hayan arrepentido por haber puesto la denuncia.