Recurre al Tribunal Superior tras declararse improcedente su despido
14 jul 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El litigio judicial entre la presidenta de la Federación Vecinal y el Concello vigués tras su despido del centro cívico municipal de Coruxo no ha concluido tras el fallo de un juzgado vigués que lo consideró improcedente. María Pérez reclamaba que fuera declarada la cesión ilegal de trabajadores al Concello por parte de la empresa concesionaria, lo que hubiera implicado su readmisión forzosa.
Sin embargo, el fallo del juzgado de refuerzo de lo Social 4 ha dejado esa vía abierta, pero sin decidir ahora. De una parte, estima que realmente existe esa cesión, pero no entra en el fondo del asunto ya que existe otra demanda anterior por este motivo en el juzgado de lo social 4 y queda a la espera de lo que este falle. De todos modos, relata una larga serie de hechos que probarían esta circunstancia y que ahora enjuiciará el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tras el recurso que acaba de presentar la afectada.
Esta actuación se produce una vez que el Concello ha optado por no readmitirla y consignar los 17.000 euros de indemnización fijada en la sentencia tras más de una década de prestar allí sus servicios.
De acuerdo con los hechos probados de la sentencia, del 22 de mayo pasado, se recoge que «eran funcionarios de Vigo (...) os que daban instruccións e ordes á demandante no seu quefacer cotiá, ordes que abranguían dende os permisos para ausentarse a citas médicas, os períodos nos que se pechaban os centros, a aprobación da modificación de horario de traballo, a aprobación das vacacións ou a comunicación das traballadoras que ian secundar folgas».
Señala también que existía «un exercicio efectivo de dirección tan constante e fluído que releva de maiores precisións que os exemplos que xa puxemos». Concluye el juez señalando que «os problemas coas instalacións e o fornecemento de material de diverso tipo era realizado polo Concello de Vigo».
En base a ello, el magistrado considera probado que «o poder efectivo de dirección e organización do traballo o tiña o Concello de Vigo e non a empresa Imesapi», la concesionaria.
El despido de María Pérez y de otras tres trabajadoras de los cuatro centros cívicos municipales se produjo el 1 de agosto del 2013 al tomar posesión la nueva concesionaria, Manpower Group Solutions, tras hacerse cargo de su gestión. Previamente, el gobierno municipal de Abel Caballero había convocado el concurso de adjudicación con una modificación que entonces pasó desapercibida: en contra de lo que es habitual en casos similares, no incluía la subrogación de la plantilla.
En base a ello, Manpower las despidió a todas y contrató nuevo personal. No se recuerda un caso similar en las concesionarias, que por exigencia municipal siempre mantienen las plantillas.