El gobierno local indemniza con 30.000 euros a la empresa a la que dio el proyecto por un millón cuando la dirigía un cargo del PSOE local
19 may 2014 . Actualizado a las 07:00 h.El penúltimo día del 2010, el gobierno de Abel Caballero decidió adjudicarle a la empresa Samyl la construcción de un parque infantil de temática pirata en Castrelos. La instalación costaría 950.000 euros y la ejecutaría la firma cuya apoderada en Vigo era Julia López Vázquez, entonces portavoz de la ejecutiva del PSOE de Vigo y, posteriormente, número 6 de la candidatura de ese partido en las elecciones automáticas del 2012.
Al escándalo político le siguió un informe de la Xunta desautorizando el parque pirata, ya que contravenía la declaración de Castrelos como bien de interés cultural (BIC). Finalmente no se construyó y el Ayuntamiento no pagó el millón de euros previsto. Pero sí ha tenido un coste: 29.850 euros. Es la indemnización que acaba de aprobar el gobierno local para la empresa Servicios Auxiliares de Mantenimiento Integral S.L. por no construir el parque pirata que le había encargado, según el expediente al que ha tenido acceso La Voz y que el Concello de Vigo no ha querido hacer público.
Más de tres años después del fallido proyecto, el gobierno local no había resuelto el contrato y la firma Samyl lo solicitó. La empresa reclamó al Ayuntamiento 97.700 euros como indemnización, más 12.600 de intereses. Finalmente, Abel Caballero y sus concejales aprobaron pagar casi 30.000 euros por el lucro cesante (un 3 % del valor del contrato) y por los gastos que tuvo que afrontar la empresa para redactar el proyecto y otras cuestiones, siguiendo las indicaciones de la asesoría jurídica municipal. Además, aprobaron devolver el aval de 40.000 euros, pero no reconocieron intereses.
En su día, el Concello lanzó el parque pirata de Castrelos como un proyecto estrella. Pero se vio envuelto en una enorme polémica por varias razones.
Incumplía los requisitos
En primer lugar, porque la adjudicataria era una firma que dirigía una miembro de la ejecutiva socialista local que Caballero preside. Era un contrato de un millón de euros. El PP llegó a hablar de «amiguismo» y exigió que se frenase el contrato.
En segundo lugar, porque esa empresa carecía de experiencia en parques infantiles. Otras firmas que se presentaron al concurso sí la tenían, pero se quedaron fuera.
En tercer lugar, porque Samyl sorteó los requisitos del contrato. Uno de ellos obligaba a que las empresas acreditasen que habían afrontado proyectos similares en los tres años anteriores, entre el 2008 y el 2010. Samyl presentó un certificado de Turisvall, un organismo de la Diputación de Valladolid, sobre un parque que supuestamente había concluido en febrero del 2008. En realidad, ese parque había sido inaugurado en el 2006.
En cuarto lugar, porque los técnicos del Concello cuestionaron que el contrato fuera regular. Los miembros de Intervención llegaron a denunciar la «total indefinición» del proyecto y recordaban que esto comprometía la fijación de un precio para el contrato, al tiempo que advertían que era necesario que el precio fuese «adecuado ao mercado».
Y en quinto lugar, porque era en Castrelos, un lugar emblemático de Vigo que está catalogado como BIC. Esto obliga a que cualquier actuación deba someterse a un permiso de la Xunta.
El Concello obvió todo lo anterior y continuó la tramitación. Pero no logró tener el parque listo antes del 22 de mayo del 2011, cuando se celebraban las elecciones locales, como pretendía.
En junio de ese año, solicitó al fin permiso a la Xunta, algo que no había hecho antes de adjudicar la obra por un millón de euros. Pero tras el escándalo político que se armó, el Gobierno gallego denegó el permiso en febrero del 2012. Y el Ayuntamiento no volvió a intentarlo. Así que no hay piratas en Castrelos.