Un líder contra las estafas inmobiliarias a hipotecados, Antonio G., y su esposa M.C.A.M.. se enfrentan a una multa de 3.650 euros y 9.400 en indemnizaciones por, supuestamente, causar daños en la casa de Teis con una finca de 7.000 metros cuadrados que perdieron por ejecución hipotecaria en el 2006 y que compró otra pareja en una subasta.
Los denunciantes aseguraron ayer en el juicio celebrado en el juzgado de lo penal número 1 de Vigo que los antiguos dueños sabotearon su estancia entre julio y octubre del 2011, les ofrecieron 180.000 euros para que les revendiesen la casa y se marchasen, y les amenazaron: «Decían que la casa era de ellos y que si ellos no podían disfrutarla, nosotros tampoco». Varios albañiles vieron como la esposa cortaba el cableado eléctrico.
Los denunciantes relataron a la jueza que no han llegado a vivir en la casa «porque nos molestaban». Según dicen, la esposa desahuciada desenterró y rajó con un cuchillo las tuberías de cableado del jardín, aunque ella solo admite que las arrancó. También les acusan de romper con un palo la cámara de vigilancia que instaló una agencia de detectives para grabar los actos vandálicos que sufrían y arrancar cables eléctricos. Y dicen que rompieron unas piedras para levantar muros y quebrar unas cristaleras posadas.
La acusada admite que solo rompió las piedras pero porque «eran mías y las he pagado yo» y estaban en un palé en terrenos de su hijo aunque los nuevos dueños las movieron de sitio. E invadían la finca de su vástago.
La vivienda de la que fueron desahuciados está ocupada desde el 2006 por otro matrimonio que dice que la casa y todo lo que hay dentro son suyos porque la compró en subasta en el 2006. A mayores, el hijo de los desahuciados pleitea para definir un terreno de 1.000 metros cuadrados dentro de la misma finca que está a su nombre.
El conflicto viene de lejos. Antonio G. lideró hace años una plataforma que denunció las supuestas estafas inmobiliarias de entidades de crédito que ofrecían préstamos a un alto interés con contratos que eran tóxicos para el hipotecado, que pronto perdía sus bienes por impago. Fue desalojado forzosamente. El matrimonio vigués no da por terminado el litigio para recuperar su antigua casa y anular la validez de la hipoteca, litigio que sigue vivo en lo civil.
El fiscal acusa a los denunciados de ejercer arbitrariamente el derecho propio o bien de causar daños para impedir a los adquirentes terminar las obras y recuperar su titularidad.