Desde que un día se acuñó la idea de que «Vigo es la Barcelona del Atlántico», los vigueses vivimos nuestra propia evolución con la tranquilidad que da saber que se puede ser una gran ciudad aunque administrativamente ni el Gobierno central ni la Xunta nos concedan ese estatus. Abel Caballero quiso en todo caso subsanar esa anomalía histórica prometiendo en la campaña electoral anterior poner fin a la permanente afrenta con la que vive Vigo aunque solo sea por contraste con la capital de la provincia o la de la comunidad, sin necesidad de ir más allá en las comparaciones. Para ello se le ocurrió dotar en las Cortes a la ciudad de una carta de municipalidad propia, «para que Vigo tenga una categoría similar a la de Barcelona, única en España que goza de este estatus», dijo el entonces aspirante a regidor en aquella campaña.
Caballero trazó entorno a esa figura legal -para la que aseguró contar con el apoyo del Gobierno central- un escenario de una nueva dimensión urbana: planta judicial acorde con las necesidades de Vigo; ventanilla única; biblioteca estatal, y además la puesta en marcha del Área Metropolitana, que anunció que, si ganaba, llegaría ya en aquel 2007, dada su relación con el Ejecutivo socialista-nacionalista que entonces mandaba en la Xunta.
Cuatro años después, nunca estuvo Barcelona tan lejos como hoy. No ya porque la prometida carta de municipalidad haya sido enterrada hasta por el propio alcalde; porque cada vez haya menos vuelos entre Peinador y la Ciudad Condal, o porque solo podamos ver las filigranas de Messi en la tele, sino porque Vigo no registra ni una sola posibilidad de acuerdo entre las principales fuerzas políticas, como en cambio sí ocurre en la capital catalana a la hora de poner en marcha iniciativas en favor de la ciudad.
Mientras el Área Metropolitana viguesa se vuelve a diluir en medio de una nueva campaña electoral, este verano socialistas y convergentes barceloneses alcanzaban un pacto para establecer la cohabitación en la administración de su área metropolitana particular. El alcalde de Barcelona, Xavier Trías, de CiU, se convirtió en presidente del Área, y dada la mayoría de consejeros socialistas en su composición, al PSC le fue otorgada la vicepresidencia ejecutiva, desempeñada por el alcalde de Cornellá.
Ese matrimonio ha sido visto incluso con buenos ojos por el PP, me refiero al de aquí. Tanto, que el conselleiro Alfonso Rueda sopesa ponerle encima de la mesa a Caballero el mismo modelo. «Presidencia y estatus institucional para ti, y dirección del ente para nosotros», rumian los populares en sus cabezas. Y si el alcalde de Vigo no lo quiere, quedarán plasmadas sus contradicciones. Pero ¿y la vicepresidencia, la reservaría el Partido Popular para un alcalde de los suyos o para Chema Figueroa?
Quizás ahí surja una nueva contradicción que nos volverá a hacer sentir a los vigueses, ¡qué lejos queda Barcelona!