La sentencia del Supremo cierra una batalla legal que empezó en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace un lustro. La ley de demarcación permitía crear juzgados de lo Mercantil en ciudades industriales que no fuesen capital de provincia. El primer tribunal de este tipo fue concedido a Pontevedra pero los juristas de Vigo propusieron que el segundo tuviese la sede en la ciudad. Contaban con el apoyo del ministro socialista pero la mayoría conservadora del Poder Judicial se opuso y el Mercantil número 2 acabó en Pontevedra. Con la renovación de los cargos del CGPJ, dominó el voto progresista, y un informe técnico favorable dio luz verde para que el pleno del CGPJ aprobase la creación del número 3 en Vigo. Los procuradores de Pontevedra lo impugnaron. La sentencia del Supremo afirma que el acuerdo da numerosas razones para ubicar la sede en Vigo, entre ellas la que le lleva a separarse de la decisión previa que había elegido a Pontevedra como sede del número 2, que los mismos demandantes calificaron de «mera oportunidad». El tiempo le da la razón. No hay más que ver las estadísticas. Vigo tramitó las cinco declaraciones de concursos de acreedores del último mes en la provincia y ha resuelto 48 en lo que va de año.