Hace unos días, la Justicia conmocionaba al mundo con su sentencia sobre la catástrofe de Bopal, región de la India donde la explosión de una planta química provocó, en 1984, más de 25.000 muertes. Ahora, 26 años más tarde, la multinacional responsable, vendida por partes a otras empresas del ramo, fue absuelta, al considerarse desaparecida. Y los directivos culpables de una cadena de negligencias recibieron una multa de 2.000 dólares y una pena de dos años de prisión, que no cumplirán.
La indignación por la injusticia duró dos días, borrada por una actualidad que tiene otras urgencias, como el Mundial de fútbol. Pero el caso, traído a Galicia, parece un buen ejemplo de lo que nos espera aquí con otra catástrofe, no comparable en su coste de vidas humanas, pero terrible en sus consecuencias económicas y medioambientales.
Ocho años después de que el petrolero Prestige naufragase frente a Galicia, ha concluido el sumario del caso. Se especula con que haya juicio el próximo noviembre. Pero lo embrollado del caso nos hace temer una sentencia al estilo Bopal, un despropósito. Aunque España pide casi mil millones en indemnizaciones, todo apunta a que el chivo expiatorio será el capitán Apóstolos Mangouras, en realidad un pobre diablo que carece de los recursos para contratar a los mejores abogados del mundo o demorar hasta el infinito el proceso. Los mariñeiros de la ría de Vigo dejaron hace 8 años una imagen heroica recogiendo chapapote en Cíes. Las fotos dieron la vuelta al mundo. El fuel del Prestige arruinó sus recursos durante una larga temporada. Pero, si quieren compensaciones, habrán de seguir esperando. Y, como cualquier mente juiciosa teme, es probable que nadie pague nada nunca.
Hace dos semanas, la ría recibía otro de sus tradicionales vertidos. Esta vez, procedente de la fuga del depósito de fuel de una industria que, probablemente, recibirá una multa. El caso se demorará en la medida en que esta empresa pueda recurrir o contratar una buena defensa jurídica. Pero es posible que paguen por ello, aunque tendrían razón en quejarse porque un pequeño vertido sea sancionado, cuando el del Prestige sigue impune.