Los grupos políticos del Concello no se ponen de acuerdo sobre el reglamento de las sesiones plenarias y se suceden las disputas sobre cuántas mociones pueden debatir
28 dic 2009 . Actualizado a las 02:00 h.Un asunto en apariencia menor, como la elaboración de una norma que regule el funcionamiento de los plenos municipales, lleva dos años encallado en el Concello vigués y no es previsible que nadie pueda desbloquearlo en lo que resta de mandato. La existencia de propuestas incompatibles defendidas por gobierno y oposición, y a su vez en el seno del bipartito PSOE-BNG, han llevado al olvido una comisión que formalmente no se ha disuelto. Cada vez que se convoca un pleno -hoy se celebra el último del año- resurgen las tensiones entre el alcalde y el PP.
La elaboración del reglamento es una consecuencia de la entrada en vigor de la ley de grandes ciudades. Sin embargo, los años van pasando sin que en muchos casos las respectivas corporaciones hayan sido capaces de lograr una solución.
En el caso de Vigo el principal obstáculo fue la pretensión inicial del alcalde -con seguridad, hoy ya olvidada- de institucionalizar la prohibición de asistir a las sesiones de vecinos a los que previamente hubiera expulsado. Era una consecuencia del famoso, y algo más que polémico, pleno del Plan Xeral celebrado en las Navidades del 2007.
Aquella vez Caballero evitó, por la vía más expeditiva posible, las protestas que con seguridad iban a producirse. Como la sesión no podía celebrarse a puerta cerrada llenó la sala de un público afín al que coló por un acceso secundario. De esta forma dio apariencia de normalidad al pleno mientras el público que llevaba horas esperando, en su inmensa mayoría opuesto al documento urbanístico, se quedaba en la calle con la excusa de que el aforo de la sala estaba cubierto en su totalidad.
Se quedó sin apoyos
Con este precedente el alcalde quiso mantener su potestad de discriminar a los alborotadores, pero con rango legal. No tuvo en cuenta que el BNG no estaba por la labor y mucho menos la oposición popular, por lo que la elaboración del reglamento entró en dique seco.
El artículo 67 del proyecto de reglamento, elaborado por los técnicos municipales conforme a las sugerencias de la Alcaldía, establecía en apartado 6 que «o público non poderá intervir, efectuar manifestacións de agrado ou desagrado, nin proferir comentarios que afecten ao devenir da sesión». Acto seguido, en el número 7, precisaba que «a Presidencia adoptará as medidas que considere convintes, incluida a de ordenar a expulsión do salón dos cidadáns que perturben a orde. Se a expulsión se concreta en persoas que o foran nos doce meses anteriores a medida conlevará a prohibición de asistir ás tres próximas sesións». Pero Caballero se olvidó de que no tiene mayoría en el pleno, por lo que PP y BNG, unidos en este aspecto, impidieron que la medida fuera aprobada.
La consecuencia más visible del fracaso de esta comisión es que no está regulado el número de mociones que pueden debatirse en cada sesión. La costumbre en Vigo era incluir todas las presentadas, con lo que los plenos se alargaban en ocasiones hasta ocho horas. Caballero intentó solucionarlo limitándolas a una decena y dejando al PP la opción de elegir entre las que hubiera presentado. La oposición se negó a escoger y se sigue el orden de presentación, con lo que casi siempre se debaten cuando están desfasadas. Y peor todavía, pese a este tope las sesiones siguen durando muchas horas.