La conferencia del ministro Francisco Caamaño dio pistas sobre la reforma del sistema judicial que podría beneficiar al desarrollo de los tribunales de la ciudad
21 dic 2009 . Actualizado a las 15:39 h.La conferencia que el ministro Francisco Caamaño impartió en el salón del Centro Cultural Caixanova el pasado viernes, invitado por el Colegio de Abogados de Vigo, dio pistas sobre la reforma del sistema judicial que se avecina y que, probablemente, beneficiará a la ciudad y su área metropolitana. La idea central es agilizar la burocracia y reducir los motivos de recurso y apelaciones que atascan la Justicia con trámites superfluos.
Quizás la idea más innovadora es la redistribución de los partidos judiciales en función de la densidad y necesidades de la población, algo que ya reclamaban juristas como el decano del Colegio de Abogados, González-Puelles o el portavoz de Xustiza e Sociedade, Matías Movilla. El ministro se pregunta porqué no va a ser posible dividir la provincia en dos distritos, Norte y Sur. Un equipo de expertos ya trabaja en ello. «Haberá resistencia ao cambio porque hai nostalxia do vello partido xudicial», auguró Caamaño.
Pero todo apunta a que dentro de cuatro años, la Justicia ya no será la misma en Vigo. Actualmente, los dos edificios judiciales de la ciudad cuentan con 34 salas, incluida la del Mercantil que arrancará el día 30. Está prevista en breve la creación de un juzgado de lo Social, según anunció el Consejo General del Poder Judicial en un debate entre jueces y periodistas en Santiago. La falta de espacio obligará a trasladar el Registro Civil al centro de la ciudad para dejar sitio libre mientras la Xunta no alquila edificios para acoger otros tribunales. La construcción de la Cidade da Xustiza -en realidad, un tercer edificio comunicado por pasarelas con los dos ya existentes- no arrancará hasta mediados del 2011, cuando el Concello finalice la expropiación y la compra de los terrenos y casas. A ello, se suman otros dos años de obras, según calcula la Xunta.
Los juristas ya han previsto que la primera planta de la Cidade da Xustiza acoja la oficina común de tramitación que servirán a todos los jueces indistintamente. La idea es que esta centralización de servicios desatasca la gestión burocrática de los juzgados al repartir todas las tareas en conjunto entre un gran número de funcionarios y no solo entre los ocho que tiene adscritos cada juzgado.
Más jueces y fiscales
La Cidade da Xustiza también dispondrá de la llamada oficina fiscal. El Ministerio Público pondrá en marcha un sistema de investigación y búsqueda de pruebas, similar a la actual instrucción que hace el juez, al que liberarán de tareas rutinarias para que se limite a tomar decisiones y dictar sentencias. Los funcionarios reconocen que la Justicia es lenta pero una vez que la maquinaria se pone en marcha, es inexorable. Por eso, muchos delitos sin autor conocido siguen la tramitación, con costes para el erario público, a sabiendas de que será archivado. El fiscal evitará este despilfarro de dinero al pedir, ya desde el principio, el sobreseimiento de un caso nunca será esclarecido.
Según las previsiones de Caamaño, entre el 2011 y el 2013, el Gobierno creará 910 plazas más de jueces en España para desatascar los asuntos retrasados. También está previsto contratar a 450 nuevos fiscales y 800 secretarios judiciales. Todo apunta a que la plantilla de juristas de Vigo se incrementará.
Una de las claves del nuevo sistema es la figura del juez de adscripción territorial, en el que Caamaño pone sus esperanzas. Será un juez titular volante que hará las funciones que actualmente correspondían a los sustitutos. Galicia contará con dos.
Otro avance que anunció el ministro será el sistema informático Cexnet, un tipo de Correos por Internet que irá encriptado y que servirá para notificar citaciones que ahora se llevaban personalmente al domicilio del afectado. La informatización será la gran baza porque la idea del Gobierno es poner en marcha la plataforma Egis, «un gran enchufe» que servirá para que los jueces de distintos territorios tengan acceso a datos comunes. Eso evitará episodios como el Penal que no ejecutó la pena de un pederasta acusado de asesinar a la niña Mari Luz.
Quizás lo que más sorprenda al ciudadano sea el futuro pago de un depósito de 25 euros cada vez que presente un recurso porque está insatisfecho con una sentencia. Los ingresos irán destinados a pagar la justicia gratuita. Nada será ya lo mismo.