Alberto Estévez, portavoz de Amnistía Internacional, indica que «la Ley de Memoria Histórica de 2007 no saldó la deuda pendiente del Estado con las víctimas de graves violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones o ejecuciones extrajudiciales. Permite recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias ilegítimas de una serie de tribunales dictadas contra las personas sometidas a juicios injustos, pero deja a la familia de Flor en la incertidumbre, porque ya ha hecho ese periplo judicial», denuncia. Estévez indica que habría que crear una ley específica que anule esos juicios o crear una Comisión de la Verdad que investigue los abusos contra los derechos humanos del Franquismo y la Guerra Civil y, de oficio, la Fiscalía General del Estado revise y anule esos juicios», demanda.
La presentación en Vigo del documental forma parte de la campaña de Amnistía Internacional contra la pena capital. Un total de 139 países (3 de cada 4) ya son abolicionistas, pero hay varios que siguen imponiendo la pena capital. Japón es uno de los dos únicos países altamente industrializados, con Estados Unidos, que siguen aplicando la pena de muerte. AI ha lanzado en www.actuaconamnistia.org una acción instando al Gobierno nipón a que ponga fin a las ejecuciones a personas con enfermedad mental y también pide a los gobiernos de Irán, Arabia Saudí, Yemen y Sudán a que ponga fin a la ejecución a menores. Las firmas se entregan el 20 de noviembre.