El pleno de ayer pasó del tedio habitual a ser de lo más accidentado. Un grupo de vecinos del Camiño da Vía de Teis irrumpió en el salón de sesiones para protestar por las indemnizaciones que les deben desde hace tres años por la expropiación de sus casas con motivo de la construcción del AVE. La desesperación de los afectados llegó a tal extremo que sus continuas intervenciones para increpar al gobierno municipal obligaron a suspender el pleno durante casi veinte minutos, tras sacar una braga a relucir y explicar que la tendrán que empeñar para poder comer. La mayor bronca se la llevó el portavoz socialista, Carlos López Font, quien según los vecinos, les aseguró que en una semana les enviaría unas cartas por correo electrónico. El propio alcalde en más de una ocasión aseguró que el asunto estaría resuelto en unos días. Tampoco el tema de fondo estuvo exento de polémica. El motivo, la ampliación del presupuesto municipal de este año en 20 millones más para diversos conceptos. Uno de los que más se lleva es la compañía de transporte público, Vitrasa, a la que van a parar 2,6 millones para compensar el bonobús y las lanzaderas. Una sentencia urbanística de Paulino Pampillón se lleva 685.788 euros, la Feria Mundial de la Pesca, 370.000, la huelga de jardines, 342.869, la disponibilidad de la policía local 200.000 y la reparación del buque Alfageme, 149.073. Se trata solo de algunos ejemplos en los que gasta el gobierno local el dinero de los ciudadanos, entre los que se incluyen otro lote de obras en distintas calles. Para el concejal del PP, Jorge Conde, la ampliación del presupuesto no demuestra más que una falta de previsión y de gestión municipal, lo que, a su juicio, meterá al Concello en graves problemas. Que el presupuesto sea grande no implica, a su juicio, que sea mejor. «Han hecho una chapuza y su ejecución no es más que un reflejo», añadió, tras advertir que la ampliación puede rozar la ilegalidad «con el informe demoledor de intervención». Algo con lo que no estuvo de acuerdo el portavoz socialista, Carlos Font, quien defendió la legalidad de los 20 millones de euros y su utilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.