La ausencia de candidatos para redactar el proyecto de derrumbe de ocho apartamentos en A Guarda dificulta la ejecución de una sentencia del TSXG
21 sep 2024 . Actualizado a las 13:21 h.Los pisos de A Armona no tienen quien los derrumbe. Al menos, de momento. Sobre los ocho apartamentos, localizados el bajo de una urbanización de A Guarda pesa una sentencia de demolición de 1999 dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia pero, diez años después, continúa sin ejecutarse. El fallo recoge una modificación de uso en el salón ubicado en la planta baja de uno de los bloques del área residencial, a pocos metros de la costa, que se habría ampliado, cerrado con una cubierta y habilitado para albergar los ocho apartamentos.
El gobierno local anterior había agotado hace ya cuatro todos los subterfugios legales para intentar que se revocara así que era cuestión de tiempo que el TSXG reclamara su ejecución y, así lo hizo en mayo del año pasado. La providencia era concluyente. «Las obras de derrumbe deberán estar finalizadas en un plazo máximo de seis meses con apercibimiento de que, de lo contrario se procederá a deducir testimonio por desobediencia». Así las cosas, al gobierno local no le quedó otra que acatarla y lo hizo pero, haberlas, hailas .
Procedimiento
Primero tuvieron que justificar la imposibilidad legal de cumplir con los plazos porque se tardaba en localizar a los propietarios y, en todo caso, porque había que disponer del preceptivo proyecto de derribo. Con el año nuevo han vuelto a tener que informar al TSXG. Ésta vez porque, contra todo pronóstico, acaba de quedar desierto el concurso ofertado por el Concello a tres empresas para la redacción del documento. Todo apunta a que las motivaciones emocionales pueden más que las laborales; incluso en tiempos de crisis.
Ninguna argumentó su declinación de la oferta pero se aventuran las mismas premisas que subliminalmente recogía también la valoración del gobierno local cuando tuvo que asumir la sentencia, «aínda tendo en conta os graves prexuízos que se van causar ás familias propietarias, é un mandato xudicial e, como tal, hai que acatalo». Nadie cuestiona la decisión judicial pero, cuando los actuales propietarios compraron sus apartamentos «crían que cumplían con tódolos requisitos legais, adquiriron os pisos, os escrituraron e os rexistraron no notario».
De ahí que, aunque la del Concello sea una invitación, no parece que sea plato de gusto para nadie y se haya complicado el encontrar quién le ponga el cascabel al gato.
Empresas
El gobierno local había ofertado el proyecto a empresas del municipio, para estimular la creación de empleo en la zona pero ahora toca abrir la convocatoria mediante un concurso público para que se presenten propuestas.
Así las cosas, todo apunta a que los propietarios podrán disfrutar aún de las vacaciones de Semana Santa y quién sabe si las del próximo verano en sus propiedades.
Ahora el tiempo juega a su favor, pero el mismo fue más benévolo con los demás ya que, aunque toda la urbanización fue denunciada en su día; las posibles irregularidades de la primera fase, concluida en 1985 habrían prescrito.
El anterior gobierno local intentó en el 2005 la revocación se la sentencia dictada por el TSXG alegando una presunta imposibilidad de derribo por posibles problemas estructurales al tratarse de una plata baja, pero no se sdmitió porque «no se trata de demoler sino de revertir el uso modificado».